La construcción de ocho centros penitenciarios federales bajo el esquema de asociación público-privada, impulsada durante el gobierno de Felipe Calderón, dejó un serio problema financiero para la actual administración federal, ya que anualmente el pago por estas obras representa una erogación superior a los 22 mil millones de pesos por instalaciones que se encuentran subutilizadas.

De acuerdo con registros del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS), el índice de desocupación en las prisiones construidas con recursos de la iniciativa privada (cuyo costo inicial fue de cuatro mil millones de pesos por cada instalación para 2 mil 500 internos), rondaba entre 21 y 78 por ciento, según el Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional de mayo pasado.

En 2009, tras la orden presidencial de confinar a todos los reos federales en prisiones de ese fuero, y sin posibilidades de construirlas con recursos públicos, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal, que dirigía en ese entonces Genaro García Luna, se convocó a la iniciativa privada, y se le pidió invertir 32 mil millones de pesos para la construcción de ocho prisiones.

Seis grupos fueron los seleccionados por el gobierno federal: Homex, empresa dedicada primordialmente a la construcción de casas habitación (declarada en quiebra en 2018); Ingenieros Civiles Asociados (ICA), que dirige Alonso Quintana y una de las más antiguas de México, y que entre 2017 y 2018 estuvo en concurso mercantil; Promotora y Desarrolladora Mexicana (Prodemex), de Olegario Vázquez Raña; los consorcios ARB Arendal, de José de Jesús García Vázquez, GIA, que preside Hipólito Gerard Rivero, y Tradeco, empresa dedicada a la construcción de carreteras y la realización de obras para Petróleos Mexicanos.

Las prisiones se construyeron con recursos privados, y a cada compañía se les ofreció un plazo de 15 años para recuperar su inversión (con pagos mensuales que realizaría el gobierno federal para amortizar el gasto), y cinco más para obtener dividendos que estaban estimados en 2 mil millones de pesos para cada compañía.

Los llamados Centros Federales de Readaptación Social (Ceferesos) que se construyeron son: el número 11, en Hermosillo, Sonora, que a mayo tenía una población mil 874 internos; 25 por ciento de sus espacios sin utilizar; el Cefereso 12, en Guanajuato, atiende a mil 503 reclusos, y tiene 40 por ciento de espacios libres; el número 13, en Oaxaca, tiene mil 107 presos, y su tasa de desocupación es de 56 por ciento.

El número 14, en Gómez Palacio, Durango, tiene 2 mil 46 internos, y una subutilización de 18.8 por ciento; el Cefereso número 15, en Chiapas, atiende a mil 93 reclusos, y tiene 56.6 estancias desocupadas; el número 16 Femenil que se localiza en Morelos, tiene una población de 903 reclusas, y subutilización de 64 por ciento; el Cefereso número 17, en Tomatlán, Michoacán, atiende 544 reclusos, y tiene una desocupación de 78.4 por ciento.

En el país existen (hasta mayo pasado) un total de 200 mil 478 reclusos, de ellos 169 mil 590 enfrentan acusaciones del fueron común, y en el ámbito federal 30 mil 888 están acusados de delitos federales. Sin embargo, aunque las prisiones fede-rales tienen capacidad para atender a 33 mil reclusos, solamente se encuentran presos en los llamados Ceferesos, 17 mil 598.

A ello se debe agregar que con el nuevo sistema de justicia ha disminuido el número de personas que son enviadas a prisión, y también las nuevas medidas han posibilitado el decremento de la población penitenciaria, las estadísticas gubernamentales refieren que de abril de 2018 a mayo de este año el número de internos disminuyó de 35 mil 697 a 30 mil 888.

Al respecto, el titular de la SSPC dijo a La Jornada: “Efectivamente, ahí tenemos un problema serio porque la construcción de penales federales en esta iniciativa de asociación público privada dejó compromisos financieros muy altos para el gobierno mexicano, por cada uno de los penales que se construyeron estamos pagando aproximadamente 230 millones de pesos mensuales: ese el impacto presupuestal.

“Lo mas grave de ello es que nos dejaron penales que en conjunto sumaban 20 mil lugares, obras que se tienen que cubrir financieramente, y cada uno implica, además, el pago por comida, agua, uniformes, vestuario, seguridad y energía eléctrica, como si estuvieran siendo utilizados a plenitud de su capacidad

“Por otro lado, tenemos reos federales en penales estatales por los que se paga el llamado Socorro de Ley, y entonces estamos haciendo erogaciones dobles. Para evitar esto estamos transfiriendo a los Ceferesos a todos los reos acusados por delitos federales y ya llevamos un número muy importante.

En algunos casos los operativos de traslado son altamente costosos, porque tienes que hacerlos, por motivos de seguridad, en helicópteros o en aviones privados.

Asimismo, comentó que existen casos en los que los reos federales están amparados para que no se les mueva de prisión. Estamos tratando de ocupar todos los espacios disponibles de las prisiones federales, de tal manera que estamos tratando de que no sea un gasto inútil.

Por ello, explicó, se está procurando usar toda la capacidad de las prisiones federales para despresurizar penales estatales.

Dijo que es imprescindible hacer modificaciones a la ley para que la autoridad por la propia seguridad de internos, tenga la flexibilidad suficiente para tomar la decisión de cambiarlos o bien por la seguridad del penal, pero hay reos amparados que no podemos trasladarlos no obstante trabajos de inteligencia que indican que esos reos son parte del gobierno o co-gobierno de determinado penal y es necesario desestructurar esos grupos, expuso Durazo Montaño.