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La SFP investiga a la PF por uso discrecional de miles de millones
 
Periódico La Jornada
Jueves 19 de septiembre de 2019, p. 10

En 2018, la Policía Federal (PF), entonces como órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación (Segob), manejó un presupuesto de 35 mil millones de pesos, incluyendo, una partida secreta para gastos en seguridad nacional de 3 mil millones que fue utilizada en sólo seis meses, señalaron funcionarios federales.

La corporación federal es investigada a través de la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por diversas adquisiciones, entre las que destaca la compra con sobreprecio del sistema de inteligencia conocido como Rafael.

De manera oficial, la actual Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) lleva a cabo un proceso de revisión integral del manejo financiero en la administración anterior.

Escándalo por el caso Rafael

En agosto pasado se dio a conocer que el primer tema que se está revisando es el litigio por la adquisición de un sistema de inteligencia que se contrató el 23 de diciembre de 2015, por 2 mil 458 millones de pesos, conocido con el nombre de Rafael.

Actualmente el gobierno federal, mediante la SSPC, adeuda mil 300 millones de pesos aproximadamente, ya que se estima que este programa de vigilancia fue adquirido casi a tres veces su costo real. En ese contexto, el 7 de febrero de este año, la SSPC presentó una denuncia ante la Secretaría de la Función Pública por probables irregularidades en la adquisición de este equipo.

Durante esta administración se han detectado diversas irregularidades en la adquisición de equipo, mobiliario y vehíuculos para la Policía Federal y la Gendarmería, y como todo ello debe ser transferido a la Guardia Nacional, se llevan a cabo las investigaciones que permitan establecer si no existen irregularidades en su operación, y que posteriormente deriven en algún daño patrimonial a la actual dependencia.

En las revisiones también se detectó la existencia de la partida presupuestal asignada a la Policía Federal que, a decir de las fuentes, se constituyó en una caja chica para operaciones y labores que no necesitaban de registros contables, ya que todo se acreditaba señalando que los recursos se utilizaron en actos u acciones de seguridad nacional.