Sin un diagnóstico público de cuánto han contribuido realmente al desarrollo de los niños que atienden, hasta mediados de febrero la Secretaría de Bienestar (SB) aún hacía suya la palabra del presidente Andrés Manuel López Obrador durante su toma de posesión de mantener e incluso reforzar el Programa de Estancias Infantiles (PEI), en el cual durante el sexenio pasado se gastaron 19 mil 948 millones de pesos.

Sin embargo, dos semanas después esa dependencia emitió nuevas reglas de operación para el Programa para el bienestar de niñas y niños, hijos de madres trabajadoras 2019, en el que las estancias infantiles no se mencionan en ninguna de sus 12 páginas.

Con estas directrices se modificaba todo el esquema anterior al realizar la transferencia directa del subsidio (y reducirlo de 950 a 800 pesos mensuales) a los padres de familia y se ponía fin al PEI. Llanamente el gobierno no renovó los contratos a los responsables de las 9 mil 566 estancias en operación hasta entonces.

No sólo se terminó ese vínculo: los centros quedaron sin supervisión por la SB (antes Sedesol) y del DIF, responsables de las mismas en todo el país entre 2007-2018.

Hasta hoy no se tiene un censo formal de cuántas guarderías han cerrado estos meses, pero algunas directoras de centros aún en funcionamiento –ya como negocios particulares– aseguran que en lo que va de 2019 en el mejor de los casos sólo han sido inspeccionadas por personal de Protección Civil estatal o de los municipios donde se ubican.

De ese modo las estancias infantiles habrían quedado sujetas únicamente a la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, la cual ubica como autoridades responsables a las secretarías de Educación Pública, de Gobernación y del Trabajo y Previsión Social, pero hasta hoy ninguna de las tres ha emitido algún reporte relacionado con estos centros.

Durante los 11 años de estar bajo su promoción y tutela, el gobierno federal no presentó informes que cuantificaran la incidencia positiva del PEI en el desarrollo sicoemocional de los infantes a su cargo, aunque sí hubo en aspectos de salud.

Sobre el PEI, sí se hicieron en estos años señalamientos de corrupción entre los responsables particulares y de las dependencias (y de hecho es parte de lo que indirectamente señalaron las nuevas autoridades para suprimir los contratos), así como de insuficiencia en la preparación para hacer algo más que sólo acoger a los niños durante unas horas al día para dar tiempo a los padres de familia para la búsqueda y permanencia en un empleo.

Además del subsidio mensual por cada niño inscrito, el gobierno federal aportaba 70 mil pesos para la adaptación y el equipamiento de los inmuebles autorizados como estancias.

Sólo en 2018 el gobierno federal ejerció en el PEI 3 mil 808 millones 175 mil pesos y el informe final sobre el cumplimiento de sus objetivos y metas a lo largo del sexenio pasado quedó contenido en un libro blanco de 22 mil páginas que entregó la Sedesol a la nueva administración.