La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aplazó la resolución de un amparo promovido por Carlos, un menor de edad quien padece del Síndrome de West, una encefalopatía epiléptica infantil. En su demanda pide que se emita un reglamento sobre el uso medicinal de la mariguana que le permita acceder a su tratamiento sin tener que importarlo.

Durante la sesión, cuando se iba a abordar el asunto, el ministro Javier Laynez informó: Esta segunda sala ha decidido que quede en lista el amparo en revisión 57/2019, pues el asunto es complejo y hay la revisión de algunas observaciones, por lo que esta sala quedó en que continúe en lista.

Presente en la sesión, la madre del menor, Margarita Garfias Hernández, afirmó que desde el 19 de julio de 2017, cuando se autorizó el consumo legal de mariguana medicinal, se ordenó emitir un reglamento que normaría la producción, venta y consumo de medicamentos con base en cannabis, lo que a la fecha no ha ocurrido.

Afecta terapias disponibles

Esto obliga a los pacientes que requieren terapia con cannabis, dijo, a gastar hasta 12 mil pesos por cada trámite para importar medicamentos extranjeros, o bien infringir la ley: yo recurrí a sembrar mi propia planta para obtener los extractos que necesita Carlos, y así están muchas familias, en la ilegalidad orilladas por una omisión del Ejecutivo, por medio de la Secretaría de Salud. Explicó que aunque el uso de medicinas con base en mariguana ya es legal, no hay reglamento sobre la siembra, producción y comercio de la yerba. Se está permitiendo que crezca un mercado ilegal en donde no hay seguridad de lo que se adquiere en México, ni las industrias tienen regulaciones que puedan marcar su legalidad; hay tanto aceites buenos como aceites malos y uno no sabe con quién va a caer ni qué va a comprar y esto sólo propicia ilegalidad y riesgo para el mercado, y riesgos para los pacientes, agregó Garfias.

El proyecto de sentencia cuya votación se difirió, fue presentado por el ministro Eduardo Medina Mora y en él se propone emplazar al gobierno federal para que en 90 días publique un reglamento sobre la producción, venta y consumo de medicamentos fabricados con las sustancias activas de la mariguana.