Buenos Aires. La Cámara Federal ratificó la orden de detención del ex agente de inteligencia Raúl Martins. Había sido emitida en primera instancia por la jueza federal María Romilda Servini de Cubría en diciembre pasado. Acusado de trata de personas y proxenetismo, Martins reside en México hace 16 años.

Si bien los fiscales Alejandra Mángano y Marcelo Colombo pidieron la detención con fines de extradición en diciembre del año pasado, la magistrada sólo emitió la orden a nivel nacional. Es decir, que sólo sería detenido en caso de pisar suelo argentino.

La causa fue iniciada por una denuncia de la organización La Alameda, con pruebas aportadas por la propia hija de Raúl Martins. Lorena Martins afirma que su padre tiene al menos seis centros de prostitución en Buenos Aires y un bar en Cancún, en donde las mujeres son sometidas a explotación sexual. En concreto, Martins está imputado por haber formado parte de una organización criminal dedicada a la explotación sexual de mujeres, mediante la implementación de locales comerciales catalogados como Bar/Café/Whiskería.

La defensa del hombre que –según su hija– financió la campaña de Mauricio Macri en su carrera para jefe del gobierno porteño, había presentado un pedido de nulidad de la orden de detención. La jueza lo rechazó y Martins apeló a la Cámara, que ahora mantuvo la resolución que ordena detenerlo.

Dos de los tres camaristas votaron por el rechazo a la nulidad de detención. El fallo hace mención a las numerosas oportunidades en que Martins fue llamado a indagatoria y no se presentó o no fue hallado por las autoridades judiciales de México en los domicilios fijados por el propio imputado. Si bien después de varios intentos finalmente fue indagado en México, los jueces Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia entendieron que no corresponde el planteamiento de la defensa y debe ser detenido.

La resolución recuerda que en diciembre pasado los fiscales Mángano y Colombo, de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas, además de una batería de medidas económicas, solicitaron la detención y captura internacional con miras de extradición de Raúl Martins en razón de que no habría concurrido al llamado de indagatoria dispuesto en última oportunidad, siendo que además se habría verificado su presencia en el país entre el 7 de junio de 2017 y el 5 de febrero de 2018, lo que acreditaría su estado de rebeldía y riesgo procesal para la presente investigación. Asimismo, entendieron que correspondía ampliársele la imputación por la que se lo había citado originariamente en orden al delito de asociación ilícita y lavado de activos de origen ilícito.

Como luego Martins fue indagado en México, el juez Mariano Llorens –en minoría– votó en contra de la orden de detención argumentando que finalmente se logró indagar a Martins y que no hay peligro de fuga, ya que ahora se conoce con exactitud el lugar donde reside.

Ahora no se descarta que desde el MInisterio Público fortalezcan el pedido de extradición. Existe tratado con México para hacerlo pero no se recuerdan casos salvo el del represor Miguel Cavallo.

Además, por parte de la querella estudian nuevas presentaciones respecto del presunto delito de lavado de dinero.