El hecho de que la representación del Estado mexicano haya afirmado en el Comité contra la Tortura de la Organización de Naciones Unidas (CAT, por sus siglas en inglés) que dicha práctica no es generalizada en el país y que la cifra de denuncias va a la baja, es un intento preocupante de ocultar o minimizar la gravedad real del problema.

Así lo advirtió Javier Monroy, director del Taller de Desarrollo Comunitario, quien señaló que al hacer estas declaraciones en la sede del CAT en Ginebra, durante el examen al que fue sometido el gobierno mexicano el jueves y viernes, las autoridades están ignorando la exigencia de colectivos civiles de admitir la magnitud del problema, para poder resolverlo con seriedad.

Lo que ha venido sucediendo es que el Estado mexicano, ahora a través del nuevo gobierno, ha minimizado toda la problemática que tiene que ver con la violencia en el país, y específicamente el caso particular de la tortura, lamentó el activista.

Monroy consideró que el tema de los malos tratos y las estadísticas sobre su nivel de incidencia han tenido un manejo ambiguo por parte del gobierno, con el objetivo de relativizar la gravedad de este fenómeno y no reconocer que es una práctica extendida.

De igual forma, estimó que es un contrasentido que el actual gobierno admita la gravedad de las desapariciones forzadas en México, pero no haga lo mismo en el caso de la tortura, cuando en muchas ocasiones un delito incluye también al otro, como parte del mismo acto victimizante en contra de una persona.

El tema de la persistencia de la tortura, dijo Monroy, seguirá vigente en la discusión pública por el surgimiento de la Guardia Nacional, cuerpo que deberá establecer protocolos y reglas claras para garantizar que sus elementos –de origen y formación castrense– no recurran a esa práctica.