El presidente Andrés Manuel López Obrador propondrá una ley reglamentaria de la recién aprobada reforma constitucional en materia de extinción de dominio, a fin de acelerar el proceso y que el Estado pueda disponer de bienes y propiedades de integrantes del crimen organizado, aún antes de que concluya el proceso respectivo.

En la ley se indicará que el Estado pueda vender, liquidar, rematar o destruir bienes asegurados a narcotraficantes, huachicoleros y servidores públicos corruptos, que le resulte oneroso administrar, precisa el Ejecutivo en la adenda a la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, que remitió en días pasados al Senado.

En el documento se resalta que la reforma constitucional en materia de extinción de dominio, promulgada el pasado 14 de marzo, es importante, ya que incorporó más delitos, entre ellos los cometidos por servidores públicos, el robo de combustible y extorsión, por lo que el Estado puede quedarse con las propiedades de quienes cometen esos ilícitos.

Sin embargo, el procedimiento actual de extinción de dominio es muy largo, ya que puede durar años para que un juez penal federal competente, dicte sentencia e instruya el destino de los bienes asegurados.

Asimismo, en la actualidad, el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) tiene en bodegas y patios, diversos bienes incautados que fueron transferidos por la entonces Procuraduría General de la República hace más de 14 años, sin que la autoridad competente se pronuncie respecto a su destino.

Además de ello, ese instrumento no ha dado los resultados esperados, ni ha logrado satisfacer las expectativas respecto al combate efectivo contra la delincuencia.

En ese contexto, el Ejecutivo federal propone la necesidad de replantear la figura de extinción de dominio, lo que se hará mediante la legislación secundaria que, por obligación, el Congreso debe emitir y en la que se estipulará un procedimiento más eficaz, a fin de que el Estado pueda utilizar de manera estratégica los bienes producto de la delincuencia para fortalecer su combate”. El Ejecutivo federal precisó que resulta más que necesario expedir la legislación general única en materia de procedimiento civil, que permita crear los parámetros precisos a escala nacional, para disponer, usar, usufructuar, enajenar y monetizar los bienes, sin perjuicios para el Estado.

La ley deberá dar la posibilidad de disponer de los bienes desde el primer momento en que se presenta la acción de extinción ante el juez civil.

Dados los costos que le representa al Estado administrar los bienes resguardados durante todo el proceso judicial, la propuesta de ley incluirá la monetización de los mismos, a fin de que puedan liquidarse, destruirse o transferirse, para que no generen un gasto innecesario a los contribuyentes.