Empresas de tecnología financiera (Fintech), universo de compañías que crece con el impulso de la digitalización de los servicios cotidianos, comenzaron a ofrecer opciones de inversión con tasas de rendimiento superiores a 20 por ciento anual. Sin embargo, para organismos internacionales e instituciones bancarias se trata de premios muy superiores a los ofrecidos en instrumentos más tradicionales, dominados por bancos y grandes inversionistas, que no están exentos de riesgos.

Las opciones que ofrecen esas Fintech van de cuentas para participar en la bolsa de valores –a partir de 100 pesos– a financiamiento para construir inmuebles en Ciudad de México, pasando por financiamiento colectivo.

Otras son el cascarón tecnológico de una entidad financiera ya regulada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera, 54 millones de personas en México tienen algún producto financiero, sin embargo, el nicho de inversiones es de apenas 263 mil 687 cuentas en bolsa. Muchas son de personas morales.

En este contexto aparecen entidades como Kuspit, que opera como casa de bolsa, con un perfil dirigido a clientes jóvenes.

La apuesta, desde su creación, es que cualquiera, a partir de 100 pesos, puede abrir una cuenta de inversión en la plataforma.

Este negocio también se trata de democratizar las inversiones, asegura Luis Saavedra, director de Kuspit.

Según él, considerarse Fintech parte de dos cosas: Generar una solución tecnológica si vas a ampliar el mercado. Tú vas a llevar servicios a quien antes no los recibía. La otra parte es que vas a abaratar costos.

En ese tenor, uno de los servicios más comunes son las empresas de financiamiento colectivo, en las cuales el dinero que corre en ellas puede crecer hasta 17 por ciento en un año, más del doble de los intereses ofrecidos en una cuenta de inversión bancaria.

En éstas los inversionistas fondean créditos de personas, como si fueran acciones. Los rendimientos dependen del perfil de riesgo del solicitante. Se hace la advertencia de perder el dinero en caso de que entre los perfiles elegidos se encuentre gente que al final del día no pague.

La paradoja es que también se habla de criterios muy estrictos a la hora de decidir quiénes son sujetos de crédito.

Yotepresto y Prestadero indican que de cada 100 solicitantes, sólo cinco logran entrar a la plataforma, porque se hace una estricta revisión del historial crediticio. Si se le califica como una persona de alto riesgo, puede llegar a pagar intereses de hasta 38.9 por ciento.

También se ha popularizado la inversión en proyectos inmobiliarios. La mayoría, en Ciudad de México. Es un espacio de por sí rentable por la amplia demanda, pero que se incrementó a raíz de los sismos del 19 de septiembre, que impulsaron la economía de reconstruir de los escombros, expone Davis Agmon. Su empresa, Inverspot, da rendimientos de hasta 27 por ciento, dependiento del proyecto en que se invierta.

La Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, en vigor desde marzo de 2018, les fija nombre, estatus jurídico y regula ante la autoridad bancaria, pero ello no implica una garantía contra el fraude, reconocen algunos participantes en el mercado.

Ficrea era una entidad supervisada y regulada por la comisión. Entonces, la disposición por sí misma no va a funcionar, si no hay una empresa que tenga un buen estandar moral. Uno de los problemas en México es que el regulador trata mediante la supervisión, un esquema paternal, pero no hay educación financiera para tener el criterio de invertir. No hay que creer que los rendimientos van a llegar de milagro, subraya Gerardo Obregón, de Prestadero.

De acuerdo con el informe de Estabilidad Financiera del Fondo Monetario Internacional, los reguladores deben dar prioridad a la supervisión de empresas de tecnología financiera y a la ciberseguridad.

En particular, recomienda la vigilancia continua del perímetro de regulación prudencial en aspectos como el sector de gestión de activos.

En un sentido similar, un estudio de BBVA Bancomer destaca que las plataformas intermediarias presentan el riesgo de que no actúen con rigor para seleccionar proyectos, gestionar la información e incluso en aspectos de gestión de pagos.