La situación financiera del Partido Revolucionario Institucional (PRI) es deficitaria y demanda una administración de los recursos disponibles con muchísimo rigor, advirtió Enrique Burgos, presidente de la comisión de presupuesto del Consejo Político Nacional (CPN).

Ahora en el PRI ya no se trata de administrar la riqueza, sino las limitaciones. Tenemos un déficit muy fuerte, comentó a La Jornada.

Este viernes, Burgos se reunirá con el secretario de finanzas para evaluar la capacidad de pago del préstamo bancario de 250 millones de pesos que –como se anunció esta semana– solicitará el tricolor.

A los gastos ordinarios, el PRI deberá considerar la cantidad que les pida el Instituto Nacional Electoral (INE) por organizar la elección de presidente y secretario general del partido, como acordó el miércoles el CPN.

Hace cinco años, el INE cobró al PRD 100 millones de pesos por esa misma tarea, con base en un convenio específico de requisitos y costos.

Pese a ello, Burgos comentó que el gasto valdrá la pena, pese a la marcada escasez de recursos, porque uno de los propósitos, subrayó, es garantizar la transparencia en el proceso interno y la unidad en el partido. “Aun cuando es caro y representaría gastar más dinero, es necesario ponderar el factor de las inconformidades internas.

En efecto, nos podríamos ahorrar 100 millones de pesos, pero urge poner las cartas sobre la mesa transparentemente. Por ello, al final no sería gasto, sino una buena inversión, comentó.

Si la eleccion la hace el partido, ahorraríamos, pero en estos casos aplica el dicho lo barato sale caro.

Originalmente, el Revolucionario Institucional recibiría este año casi mil millones de pesos de prerrogativas ordinarias, pero el INE les descontará 28 por ciento por multas. Y hay otro descuento por 9.4 millones, cuya causa no tienen clara en el partido.

También deben hacer frente al posible pago de laudos, principalmente en materia laboral, que no son solventados por los comités directivos estatales.

Por tanto, para este año el PRI sólo tendrá, en términos reales, 590.6 millones de pesos, menos la factura que pagarán al INE por organizarles su elección.