El caso de los seis habitantes de la comunidad mexiquense de San Pedro Tlanixco que llevan 15 años presos por defender su derecho al agua podría dar un vuelco definitivo esta semana, cuando se lleve a cabo la audiencia en la cual se definirá si el proceso judicial de los acusados se repone desde el inicio o si las evidencias acumuladas hasta el momento son suficientes para declarar su inocencia y su libertad.

Antonio Lara, director del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, recordó en entrevista con La Jornada que el pasado 17 de enero, el primer tribunal de alzada en materia penal del distrito judicial de Toluca dejó sin efecto la sentencia de 50 años de cárcel que fue dictada en 2003 en contra de seis pobladores de Tlanixco, por cargos de homicidio calificado y privación de la libertad.

Como se ha informado en este diario, el conflicto se originó en los años 80, cuando una empresa de floricultura de capital extranjero se instaló en el municipio de Villa Guerrero, vecino a Tlanixco, y empezó a utilizar buena parte del agua del río Texcaltenco, lo cual empezó a generar tensiones por el aprovechamiento del líquido.

En abril de 2003, un funcionario de Villa Guerrero anunció que acudiría a Tlanixco, cuyos habitantes interpretaron el acto como una provocación y convocaron a la gente a reunirse a través del toque de campanas, como es parte de sus usos y costumbres.

Ese hecho fue considerado por la justicia mexiquense como un supuesto llamado a linchar al visitante, que murió ese día de forma accidental luego de caer a un barranco, y bastó para condenar a 50 años de cárcel a los seis acusados, quienes eran algunos de los habitantes que más se habían movilizado en defensa del agua.

De acuerdo con Lara, el juzgado de alzada que anuló la sentencia en contra de los vecinos de Tlanixco lo hizo tras reconocer –después de 15 años– que los sentenciados eran efectivamente indígenas, y por ende debían ser juzgados con perspectiva de derechos humanos de los pueblos originarios, considerar peritajes antropológicos sobre sus usos y costumbres y tomar en cuenta los testimonios de sus autoridades tradicionales.

En este momento, enfatizó Lara, la autoridades judiciales mexiquenses tienen dos opciones: reponer el procedimiento desde el inicio –lo cual puede llevarse años— o considerar las evidencias de no culpabilidad de los acusados y ponerlos en libertad, como han solicitado diversos organismos de derechos humanos nacionales e internacionales.

La audiencia en la cual se resolverá este punto, indicó el abogado, se realizará el próximo martes o miércoles, por lo que llamó a las organizaciones que han acompañado el caso a estar alertas para dar el apoyo necesario.