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Legisladores, por reivindicar aprobación, control y fiscalización del gasto público
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▲ Un instante de la sesión ordinaria del jueves en la Cámara de Diputados.Foto Marco Peláez
 
Periódico La Jornada
Sábado 24 de noviembre de 2018, p. 11

Las distorsiones derivadas del control y manejo discrecional de los recursos públicos desde los gobiernos estatales y el federal obligan a apuntalar la independencia de los congresos locales como el de la Unión, para reivindicarles la aprobación, control y fiscalización del gasto.

En la primera jornada del foro de Legisladores en materia hacendaria, organizado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Alfonso Ramírez Cuéllar, presidente de la Comisión de Presupuesto, defendió su propuesta de convocar a una conferencia nacional hacendaria.

Ha sido muy larga la etapa del dispendio y del desembolso ocioso, lo que ha colocado al país en uno de los primeros lugares donde la eficiencia en el gasto público es cero o negativa. Una de las principales tareas de los legisladores será ponernos de acuerdo sobre lineamientos que permitan ordenar el gasto público de los tres órdenes de gobierno. Ha sido muy larga la noche de sometimiento de los poderes legislativos.

La mecánica de uso de los recursos pasaría por ordenar el gasto; que los ejecutivos cuesten menos. Que los legislativos funcionen con un recurso aplicado racionalmente. Y que el dinero con que se sostienen los poderes judiciales y los órganos autónomos, también sea menor, sobre todo, más eficiente.

“Se debe empezar a debatir el monto del gasto federalizado –que supera un billón 800 mil millones de pesos– y cómo dirigirlo a las áreas y sectores para llevar prosperidad, fortalecer la infraestructura, resolver las graves carencias y terminar con la enorme vulnerabilidad social y la pobreza. Analizar y debatir el Ramo 23 y obtener algunas conclusiones sobre este instrumento, que para algunos es atractivo, para otros condenable, como fuente de auxilio financiero, de complicidades y favores, también, de opacidad y dispendio”.

Para el titular del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), Gonzálo Hernández Licona, reslata la importancia de que haya independencia, que haya soberanía de los congresos respecto de los poderes ejecutivos, tanto a escala federal, por supuesto, como de los estados.

En su mensaje, dirigido a los representantes de los congresos de los estados, de Ciudad de México y del Congreso de la Unión (diputados y senadores federales), el funcionario dijo que si hay un periodo en la historia de México reciente, en que se avanzó muchísimo en transparencia, en rigor, en medición, en evaluación federal, fue cuando el Congreso tenía un color distinto al del Presidente.

Cuando hay combinación de exigencia política y cuando hay, además, el rigor y la capacidad técnica como ahora vemos; cuando sucede eso, pues hay mucho más chance de que haya mayor exigencia de gasto público hacia los ejecutivos y estoy seguro de que lo habrá con el Ejecutivo nacional, que a pesar de que ahora el color del presidente y del Congreso es más o menos similar, estoy seguro que el profesionalismo y el interés del Congreso, también lo va a hacer un Congreso autónomo, soberano e independiente respecto del Ejecutivo federal.

Subrayó las circunctancias a que se enfrenta el combate a la pobreza en México: no hay que negar que México no ha avanzado en algunos temas, pero, por ejemplo, lo que aquí vemos es la evolución de la pobreza en los estados de 2008 a 2016, y pues no se ve que estamos así mejorando un chorro; hay estados mejores que otros, pero de punta a punta no se ve que hayamos mejorado mucho a escala global”.

David Colmenares, auditor superior de la Federación, confirmó la gran dependencia de las entidades federativas y de los municipios. Somos el país más centralizado respecto al poder tributario, 95 por ciento del poder tributario, o sea, la capacidad recaudatoria de los impuestos, la tiene el gobierno federal, por supuesto, con los impuestos que le cedieron su administración los estados, por eso te da una participación; los estados tendrían 4 por ciento y los municipios uno por ciento.