a tecnocracia instalada en el poder no deja de presumir que México cuenta con finanzas públicas sanas, pero en los hechos, y con base en su propia información, las arcas nacionales tienen un severo cuan creciente problema financiero asociado al plan de saneamiento aplicado por ese grupúsculo que, felizmente, desalojará las principales oficinas gubernamentales a partir del próximo primero de diciembre.

Un botón como muestra de la salud de las finanzas del sector público federal y la herencia para el gobierno entrante: sólo en 2019, primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el sector público deberá enfrentar amortizaciones de las deudas interna y externa por unos 804 mil 954 millones de pesos, de acuerdo con el más reciente informe de la Secretaría de Hacienda, correspondiente al segundo trimestre del presente año (La Jornada, Israel Rodríguez).

Los datos oficiales precisan que el próximo año se erogarán por concepto de amortización de la deuda interna 688 mil 817.1 millones de pesos y para la externa canalizarán 9 mil 876.9 millones de dólares, equivalentes a unos 195 mil 562 millones de pesos, a un tipo de cambio promedio de 19.80 pesos por dólar (ídem).

Es una locura: las cifras referidas en la información de Israel Rodríguez implican un pago diario (en 2019) por aproximadamente 2 mil 236 millones de pesos o, si se prefiere, más de 93 millones por hora (para los masoquistas: un millón 553 mil por minuto). Y lo peor del caso es que 98 por ciento de ese monto se destinará exclusivamente al pago de intereses (98 centavos de cada peso erogado) de la propia deuda.

La citada es una de las herencias más onerosas del grupo de tecnócratas que 36 años atrás se instaló en el poder. Y sí, es una locura que sólo en el transcurso del presente siglo la deuda pública federal se multiplicara por cinco, es decir, un aumento de 8 billones de pesos.

Con Enrique Peña Nieto en Los Pinos, y la dupla Videgaray-Meade en Hacienda, la deuda del sector público federal se incrementó (hasta junio pasado) 77 por ciento, más de 4 billones 536 mil millones de pesos, y lo peor del caso es que más de 3 billones se destinaron exclusivamente al pago de intereses del propio débito.

Y en todo esto los diputados han sido cómplices, pues dejaron de lado que ningún empréstito podrá celebrarse sino para la ejecución de obras que directamente produzcan un incremento en los ingresos públicos o, en términos de la ley de la materia, los que se realicen con propósitos de regulación monetaria, las operacio-nes de refinanciamiento o restructura de deuda que deberán realizarse bajo las mejores condiciones de mercado; así como los que se contraten durante alguna emergencia declarada por el Presidente de la República en los términos del artículo 29 (artículo 73 constitucional).

Cuatro billones y medio son demasiados para refinanciamiento o restructura y hasta donde se sabe no se ha registrado alguna emergencia declarada por el inquilino de Los Pinos que ameritara la contratación del monto referido, de tal suerte que lejos de aumentar los ingresos públicos, de acuerdo con la ley, año tras año han disminuido por el creciente pago de intereses.

En el paquete de débito público se registran deudas que deberían disminuir años tras año, pero que en los hechos no han dejado de aumentar, como en los casos de los rescates bancario (Fobaproa-Ipab) y carretero (Farac). Con EPN en Los Pinos la primera de ellas aumentó más de 90 mil millones de pesos (para llegar a más de 918 mil millones) y la segunda cerca de 100 mil millones (con un saldo superior a 242 mil millones).Y todo ello como parte de las finanzas sanas que recibirá el gobierno de AMLO.

Las rebanadas del pastel

La cúpula empresarial está muy preocupada por los nombramientos en Pemex y CFE, pero durante el sexenio no dijo ni pío sobre el brutal incremento de la deuda, y ésta es una bomba a punto de reventar.

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