La anunciada decisión del Ejecutivo federal de reducir el gasto público en 2016 para compensar la caída en los ingresos petroleros ejercerá presión sobre las finanzas de los estados, lo que obligará a los gobiernos locales a postergar inversiones de infraestructura, reducir sus posiciones de efectivo o contraer deuda, anticipó la firma de calificación de inversiones Moody’s Inverstors Service.