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Sólo diferimos sobre su dimensión, precisa el relator de la ONU

Sobre tortura no hay discrepancia de fondo, comenta Juan Méndez

También dio por concluido el reciente diferendo con el gobierno mexicano

 
Periódico La Jornada
Miércoles 8 de abril de 2015, p. 4

Es auspicioso que una eventual invitación a México para dar seguimiento a las recomendaciones sobre la tortura en ese país ‘‘no implique que yo deba cambiar mi apreciación en el sentido de que esta práctica está generalizada’’, afirmó el relator especial de Naciones Unidas sobre Tortura y Tratos Crueles, Juan Méndez, quien también dio por concluido el diferendo con el gobierno mexicano, una vez que éste no insistió en cuestionar su desempeño como profesional y como persona.

–¿Hay solución a la tortura generalizada que usted percibe en México? –se le preguntó en entrevista con La Jornada.

–Es solucionable a corto y mediano plazos; lo que es importante es reconocer la dimensión del problema. El mismo gobierno de México no niega que haya tortura, simplemente tenemos una discrepancia sobre la dimensión.

‘‘Yo no creo que basta con decir que es recurrente o frecuente; es más grave, está muy generalizada, pero eso no quiere decir que no se pueda resolver ni mucho menos, al contrario. Mi informe señala muchas iniciativas que se han tomado en los poderes Legislativo y Judicial, pero también en el Ejecutivo, y van en el camino correcto.’’

–¿Cambia el estatus de México por la calificación de tortura generalizada?

–El derecho internacional simplemente dice que la tortura es ilegal y que los estados están obligados a investigarla, procesarla y castigarla; cuando no lo hacen están en infracción a sus obligaciones internacionales, pero otra cosa no hay. No pasa de una categoría a otra el gobierno mexicano por lo que yo haya dicho.

–¿Esperaba una respuesta por los resultados de su trabajo como la que emitió el gobierno mexicano?

–No. Mucho antes de ser invitado coordinamos la visita a México y tuvimos un diálogo constructivo. Es cierto que siempre discrepando sobre mi caracterización de la tortura, pero sin ninguna animosidad ni nada; por eso me sorprendió la acusación de irresponsabilidad, de falta de ética y también el hecho de que se me atribuyeran declaraciones sobre la metodología seguida en el informe, que ni siquiera están fuera de contexto, sino que se referían completamente a otra cosa, y que se hiciera ver de esa manera, que yo no tenía fundamentos para lo que dije.

–¿Da por superado el conflicto?

–Precisamente porque el gobierno de México no insiste en ello (en acusaciones personales), me parece que se puede dar por superado. Creo que ahora tenemos, como tuvimos desde un principio, una discrepancia sobre mi caracterización de la situación de la tortura en México.

También ‘‘es auspicioso que el embajador (Jorge) Lomónaco –representante permanente de México ante oficinas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y organismos internacionales en Ginebra– haya dicho que si me invitan a hacer el seguimiento no va a ser a condición de que yo retire esa apreciación, lo cual implica que las dos partes nos hemos pronunciado sobre por qué decimos lo que decimos y estamos de acuerdo en estar en desacuerdo, por decirlo de alguna manera’’.

–¿Se mantiene entonces la colaboración con México?

–Creo que es muy positivo el comunicado de la cancillería, porque no insisten en alguna de las acusaciones más personales que me habían hecho y porque dice que continúan colaborando con todos los procedimientos especiales. Para mí también es positivo que volvamos a encauzar las discusiones en un diálogo constructivo. Siempre dije que estaba dispuesto a superar el entredicho y a comunicarnos de una manera más constructiva.

–¿Ha recibido respuesta para esa visita de seguimiento?

–No. Mi pedido formal es en esa carta y obviamente tiene que haber consultas con la capital y no espero una respuesta inmediata. La visita de seguimiento es más sencilla, más corta; se enfoca en el estado de cumplimiento de las recomendaciones, de manera que no es tan complicada logísticamente. Tengo que dar tiempo al gobierno de México para que decida cuándo es el momento más oportuno –concluyó el relator de Naciones Unidas.