Senadores de diversas corrientes se comprometieron a detener la pretendida modificación al apartado B del artículo 123 de la Constitución, que estaba oculta en la reforma política del Distrito Federal, la cual acabaría con la libertad sindical y el derecho de huelga de más de 100 gremios.

No obstante, dicho cambio está sujeto a tiempos políticos y a la conformación de la próxima legislatura, advirtieron expertos en derecho laboral durante un foro que se llevó a cabo en Casa Lamm sobre ese tema.

Los abogados Alfonso Bouzas y Arturo Alcalde; la quinta visitadora de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Patricia Juan Pineda, y Jorge Fernández, magistrado del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, coincidieron en que el cambio sería más lesivo que la reforma laboral de 2012 y podría modificar el sindicalismo.

En el foro, plantearon que de manera increíble una reforma de esa magnitud se haya procesado de manera encubierta y clandestina en el Senado, y a la fecha no aparezcan los responsables de ese atentado contra los trabajadores. Ello porque en una modificación netamente política se introdujo un párrafo en el que se establecen límites a la sindicalización y el derecho de huelga.