Más de mil 200 universitarios solicitaron al rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), José Narro, pronunciarse ‘‘ante la grave situación’’ que representaría aprobar la iniciativa de la Ley General de Aguas, pues ‘‘criminaliza la investigación científica y cualquier otra forma de estudio que provenga de la sociedad organizada o de los pueblos y comunidades que tienen un enorme conocimiento sobre los bienes comunes hídricos’’.

Investigadores y estudiantes entregaron ayer al abogado general, César Astudillo, una carta con más de mil 200 firmas, donde piden al rector que haga ver a los legisladores la necesidad de abrir una discusión pública nacional sobre el tema, en la que las voces de los expertos en la investigación en torno al agua y pobladores originarios sea escuchada.

Los universitarios plantearon que la iniciativa –cuya discusión en la Cámara de Diputados se pospuso ayer– contraviene el artículo cuarto de la Constitución y tratados internacionales que establecen el derecho humano al agua. El proyecto de Ley General de Aguas ‘‘contiene artículos contrarios al espíritu universitario, así como a sus funciones sustantivas vinculadas con la investigación, obtención y generación de información para el desarrollo de la ciencia y el conocimiento, a favor de la sociedad y para la defensa y garantía de los derechos humanos’’.

El artículo 267 de la iniciativa, agregaron, señala las sanciones que podrá aplicar Conagua –muchas de las cuales llevan a cabo científicos–, las cuales irían de mil a 50 mil salarios mínimos, es decir, de 60 mil a 3.5 millones de pesos.

Esto ‘‘criminaliza’’ la investigación científica y elimina la posibilidad de todo planteamiento alternativo al que, a partir de la aprobación de la ley, sería el oficial. ‘‘Es responsabilidad de la UNAM salvaguardar la libertad de investigación’’, por lo que piden que el rector ‘‘se pronuncie sobre esta grave situación’’.