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Crean programa de atención a familiares

Coahuila: plantean preservar derechos de los desaparecidos
Corresponsal
Periódico La Jornada
Jueves 12 de diciembre de 2013, p. 39

Saltillo, Coah., 11 de diciembre.

El gobierno de Coahuila envió al Congreso del estado un paquete de reformas para crear la Ley para la declaración de ausencia por desaparición de personas, a fin de evitar que las víctimas de ese delito pierdan sus derechos civiles, sociales y laborales.

El mandatario estatal, Rubén Moreira Valdez, dijo que este es el primer paso para reducir la carga legal que representa la desaparición involuntaria de un individuo y evitar que esa tragedia, de por sí lamentable, se convierta en otras tragedias para la familia de la víctima.

La iniciativa de ley pretende impedir que los desaparecidos pierdan un empleo por ausencia, la patria potestad o que su familia sea hostigada para el pago de créditos.

Cuando la medida se apruebe en la legislatura, se enviará una propuesta al Congreso para que los desaparecidos no pierdan derechos como el servicio médico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) ni las pensiones para sus familias.

En el paquete de reformas legales el gobierno coahuilense planteó también incorporar a la Constitución local el derecho a las personas a no ser víctimas de desaparición involuntaria.

Con esto, expuso el mandatario priísta, nadie en Coahuila podrá evadir la tragedia de las desapariciones diciendo que el problema no existe o buscándole explicaciones estúpidas. La intención es que nadie trate de evadir la responsabilidad dándole vuelta al problema.

Moreira Valdez firmó también un decreto que crea el programa de atención a familiares de personas desaparecidas, que incluye la entrega de becas extraordinarias para hijos de los afectados.

Además, envió una propuesta de reforma al Código Penal para ampliar el concepto del delito de desaparición forzada –que se castiga hasta con 40 años de cárcel–, para que no solamente se aplique contra servidores públicos, sino a particulares, pues la mayoría de los casos recientes involucran a delincuentes, no a las fuerzas de seguridad pública.

El gobernador firmó las iniciativas el martes ante integrantes del colectivo Fuerzas unidas por nuestros desaparecidos en Coahuila, activistas y representantes de la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas.