El presidente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), Ricardo Bucio, advirtió que en el país ninguna exclusión está tan marcada como la de género; pese a ello, aseveró, el Pacto por México carece de un eje central con perspectiva en la materia.

Al presentar las propuestas de ese organismo para integrar las políticas de género en el Plan Nacional de Desarrollo, Bucio destacó que en la sociedad mexicana están arraigados de manera profunda el racismo, el clasismo y la homofobia, y subrayó que la discriminación, así como la desigualdad femenina, son aun mayores.

Lo anterior incluso se da en mayor escala según el grupo de población al que pertenezcan y el territorio que habitan; es decir, afirmó, puede ser más marcada entre las mujeres que viven entre indígenas, migrantes, personas con discapacidad, transexuales o entre las que están recluidas en el sistema penitenciario.

La discriminación en el interior de la discriminación de género tiene muchas caras, desniveles y muchas desigualdades. No estoy diciendo que sea provocada solamente por las mujeres, en tanto que la discriminación de género es cultural y participamos hombres y mujeres, pero sí tiene una afectación especial para ciertos grupos de población que viven una serie de vulnerabilidades en donde se suman la de la violencia, la política, la inseguridad y la pobreza, dijo el funcionario.

Ausente, una perspectiva institucional

Bucio subrayó que aun cuando existen leyes, instituciones, así como recursos y políticas públicas, se carece de coordinación con perspectiva de género entre todas las dependencias públicas que atienden a las mujeres.

También dijo que faltan mecanismos para el cumplimiento de los tratados internacionales que el gobierno ha suscrito en la materia, como el del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Cedaw, por sus siglas en inglés), el cual daría base para la política de Estado entre las dependencias de la administración pública federal y los estados de la República.

A la falta de mecanismos se suma el hecho de que persisten muchos espacios negros en el uso del presupuesto, y ni las instituciones mexicanas ni los estados cuentan con mecanismos de defensa de los derechos humanos de las mujeres, además de que hay una cultura que justifica la violencia hacia ellas.

Ante ello aseveró que se requiere desarrollar un grupo de medidas de igualdad, de inclusión y acciones afirmativas que puedan ser definidas de manera común y aplicadas por dependencias públicas como el Instituto Mexicano de la Juventud, el DIF, los institutos de migración y los de atención a los adultos mayores, así como la Secretaría de Desarrollo Social.

Asimismo, se requiere crear una comisión intersecretarial de género y vulnerabilidad con horizontes y mínimos de políticas públicas; una agenda legislativa que armonice las políticas gubernamentales con lo que ordena el artículo primero de la Constitución, que garantiza los derechos humanos; un registro de la inversión presupuestal desde la perspectiva de género, así como mecanismos de defensa cuando las dependencias no sean capaces de asegurar el respeto de los derechos humanos de las mujeres, entre otros aspectos.