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Caracas condena el homicidio de Olga Fonseca y apremia a esclarecer el hecho

Estrangulan a la embajadora de Venezuela en Kenia en su residencia

Confía la OEA en que el país sudamericano no abandonará la corte de derechos humanos

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El presidente de Venezuela anunció ayer, en la capital de esa nación, que participará en la cumbre del Mercosur, la cual se llevará a cabo el próximo día 31 en BrasilFoto Xinhua
 
Periódico La Jornada
Sábado 28 de julio de 2012, p. 25

Nairobi, 27 de julio. La encargada de negocios venezolana Olga Fonseca, quien se desempeñaba como embajadora en Kenia, murió estrangulada en su residencia de Nairobi, anunció hoy la policía keniana. El Ministerio de Relaciones Exteriores venezolano lamentó la desaparición física de la funcionaria.

La policía puede confirmar que la diplomática murió estrangulada esta mañana. El cadáver permanece aún en la residencia, mientras investigamos las circunstancias del deceso, explicó el jefe de la policía de Nairobi, Anthony Kibuchi.

Las autoridades indicaron que dos empleados de la legación diplomática venezolana son interrogados. Fonseca tenía 57 años y era encargada de negocios de Venezuela y se desempeñaba como embajadora.

De acuerdo con un comunicado, Venezuela confía en las averiguaciones penales y criminalísticas que realizan las autoridades de la República de Kenia para aclarar y establecer las responsabilidades sobre la muerte de Fonseca.

El texto, consultado en la página de Internet del Ministerio de Relaciones Exteriores, agrega que la representante diplomática murió en circunstancias violentas que están siendo investigadas por las autoridades competentes de Kenia.

Caracas ofreció toda su colaboración en pro del esclarecimiento de los hechos.

Fonseca fue nombrada encargada de negocios temporal de Venezuela en Kenia el pasado 25 de junio, según una resolución de la cancillería publicada en la Gaceta Oficial el pasado 2 de julio.

Además de desempeñarse como jefa de misión en Kenia, la diplomática era representante de Venezuela ante el Programa de Naciones Unidas de Vivienda y Hábitat, así como (embajadora) concurrente ante las repúblicas de Uganda, Tanzania y Ruanda, según la cancillería venezolana.

La internacionalista realizó una brillante y comprometida carrera diplomática en la cancillería venezolana al servicio de la patria y de la revolución bolivariana. Destacó por su constante preparación profesional en todas las áreas de la política exterior y por compartir sus conocimientos con las nuevas generaciones del servicio exterior, indica el documento.

Por otra parte, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, manifestó su esperanza en que Venezuela dé marcha atrás y no abandone la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tal como ha amenazado el gobierno de Hugo Chávez.

El jefe de la OEA, quien se encuentra en México en una reunión del Círculo de Montevideo, advirtió que un paso en ese sentido sería una decisión que no es buena para nadie y que además convertiría a Venezuela en el único país latinoamericano fuera de la jurisdicción de la corte.

En este sentido, hizo un llamamiento al diálogo para buscar posibles salidas a las diferencias planteadas por Venezuela, según un comunicado de la OEA, en el cual se especifica que hasta el momento el organismo no ha recibido ningún documento oficial de Caracas que inicie los trámites para la separación del país sudamericano de la Corte IDH.

La amenaza venezolana de dar este paso se acrecentó en las últimas horas, a raíz del caso del venezolano Raúl Díaz Peña, quien fue acusado de ser autor de unos atentados con bomba en 2003 contra la embajada de España y el consulado de Colombia.

La semana pasada la corte dio a conocer su sentencia sobre el caso, presentado en noviembre de 2010 y relacionado con el arresto y duración del proceso judicial de Díaz, así como con las condiciones de su detención, las cuales habrían tenido un grave impacto sobre su salud sin que recibiera oportunamente la atención médica correspondiente.

Por ello, aunque desestimó todas las otras denuncias del peticionario sobre violaciones de derechos humanos, declaró que el Estado de Venezuela es internacionalmente responsable por la violación del derecho a la integridad personal en perjuicio de Díaz.

Concretamente, concluyó que éste permaneció recluido del 25 de febrero de 2004 hasta el 13 de mayo de 2010 en la sede de la policía política, cuyas condiciones eran sumamente deficientes, y no recibió la asistencia médica requerida.