El teniente coronel Iván Reyna Muñoz, uno de los militares que han declarado en contra del general de división en retiro Tomás Ángeles Dauahare, presentó una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por presuntos actos de intimidación y tortura de que fue objeto por las autoridades federales con el propósito de que testificara, el mes pasado, en contra del general, quien fue subsecretario de la Secretaría de la Defensa Nacional hasta 2008 y actualmente enfrenta un arraigo por sus presuntos vínculos con el cártel de los hermanos Beltrán Leyva, informaron fuentes gubernamentales y militares.

Mientras eso ocurrió en las horas pasadas, el despacho legal que encabeza la defensa del ex subsecretario de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) sigue en espera de que la Procuraduría General de la República (PGR) realice una serie de indagatorias y peritajes técnicos solicitados por los abogados del militar arraigado, con los que, según los defensores, quedarían desacreditados los dichos de los testigos que han declarado contra el general de división.

Al respecto, el penalista Ricardo Sánchez Reyes Retana, abogado defensor del general Ángeles, aseguró en entrevista con La Jornada que la PGR se ha negado a admitir un catálogo de pruebas con las que se demostraría la inocencia de su defendido.

Denuncia anónima

Sánchez Reyes es un joven abogado que aprendió a litigar durante su labor de una década en el despacho del connotado penalista Alonso Aguilar Zínser.

Desde su oficina, al sur de la ciudad de México, dijo que decidió ser la defensa del general Ángeles porque es una injusticia la que está cometiendo la PGR con un militar que ha dedicado toda su vida a entregar cuerpo, mente y corazón a la defensa de los valores fundamentales del Ejército Mexicano.

Desde hace tres semanas en que fue nombrado defensor del general Ángeles, tiene acceso a parte, 20 por ciento, de toda la averiguación previa abierta contra el divisionario. Las pruebas aportadas contra el general están basadas en testimonios inducidos, en dichos de oídas, aseguró.

Sánchez refirió que al revisar el contenido de la indagatoria UEIDCS/112/2010 pudo constatar que esa averiguación previa partió de una denuncia telefónica anónima, efectuada el 17 de marzo de 2010.

Dijo que en ella “se hace alusión a que una persona llamó a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (Siedo) y mencionó tener conocimiento de que una treintena de elementos militares con grados de generales y mayores colaboran con la organización de los Beltrán Leyva, apoyándolos para realizar actividades ilícitas relativas al narcotráfico. Y, pues, a partir de esa llamada se comenzó a trabajar en una averiguación previa ad hoc en la que los fiscales han buscado acuerdos (con delincuentes) para adecuar testimonios inducidos en contra del general”.

En la edición del pasado 24 de mayo, La Jornada dio a conocer, citando fuentes del Poder Judicial Federal, que la Unidad Especializada de Investigación en Delitos contra la Salud (Ueidcs), de la PGR, mantiene abierta una averiguación previa en contra de 34 mandos de la Sedena, entre subtenientes, tenientes, mayores, tendientes coroneles y generales, a los que se investiga en casos relacionados con la delincuencia organizada.

Sin embargo, un día después la Sedena sostuvo, en una carta aclaratoria, que esa dependencia desconoce la existencia de una indagatoria de la PGR en contra de una treintena de mandos militares.

Hasta el momento, tres generales permanecen bajo arraigo, mientras los fiscales los investigan por sus presuntos vínculos con el crimen organizado.