Chihuahua, Chih., 21 de junio. El Congreso local acordó elevar de 12 a 15 años la pena de prisión a funcionarios públicos o policías que incurran en tortura contra ciudadanos y a 22 años cuando las víctimas sean mujeres, niños, personas con discapacidad mental o ancianos.

Las disposiciones fueron incluidas en la Ley estatal para prevenir, sancionar y erradicar la tortura, aprobada de manera unánime por los legisladores locales.

La tortura ya estaba tipificada como delito sancionado por los códigos Penal y de Procedimientos Penales del estado; sin embargo, las comisiones estatal y Nacional de Derechos Humanos recomendaron al gobierno de Chihuahua crear una ley específica luego que se disparó el número de quejas a raíz de los operativos militares y policiacos en la lucha contra el crimen organizado.

Alejandro Domínguez, presidente del Congreso local, dijo que la ley busca prevenir las conductas ilícitas en las que incurren algunos funcionarios públicos a fin de obtener información o encauzar investigaciones penales.