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Debe desaparecer el fideicomiso; favorece a comerciantes y políticos, dicen

Familias desalojadas en Guerrero acusan a funcionarios del Fideca de revender predios
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Habitantes de Ciudad Renacimiento, en el puerto de Acapulco, Guerrero, acusaron ayer que directivos de fideicomiso en Acapulco revenden propiedades para uso doméstico a comerciantes o políticosFoto Pedro Pardo
Corresponsal
Periódico La Jornada
Domingo 18 de marzo de 2012, p. 29

Acapulco, Gro., 17 de marzo. En apenas 60 metros cuadrados ubicados frente a un canal cohabitan tres familias en casuchas construidas con troncos de palmera, madera y tela. Carecen de electricidad, drenaje y agua potable. Los improvisados baños y cocinas se encuentran al aire libre, el piso es de tierra y la única división entre las propiedades son alambres y fierros, lo que impide la privacidad para los 12 moradores, cinco de ellos menores y una adolescente.

Los tres lotes pertenecen a la manzana 34, sector dos de Ciudad Renacimiento, adonde se llega tras caminar cinco minutos desde el bulevar Vicente Guerrero, el principal acceso a este puerto desde la ciudad de México.

Habitantes de Ciudad Renacimiento desde hace más de 20 años acusaron a directivos del Fideicomiso para el Desarrollo Económico y Social de Acapulco (Fidaca), responsable de escriturar terrenos de beneficio social, de revender los predios que fueron expropiados hace más de tres décadas para dotar de vivienda a las clases populares.

José Luis Herrera Angelito, presidente del Frente Campesino Popular y fundador de Ciudad Renacimiento, explicó que hace más de un año, al término del anterior gobierno, David Elbjorn Trani, entonces director de Fidaca, y Manuel Gómez Huerta, subdirector comercial de la dependencia, revendieron más de la mitad del lote 34, de aproximadamente 500 metros cuadrados, para lo cual fueron desalojadas seis familias.

Reprochó que los actuales directivos de Fidaca no han actuado, no obstante sus llamados, y criticó que los funcionarios se apoderen de esos predios y los revendan a comerciantes, parientes o políticos, sin importar el desalojo de familias completas, carentes de recursos económicos y legales.

Hay más familias víctimas de abuso, a las que retrasan su proceso de escrituración o les cobran mucho dinero. Por eso, dijo, exigimos que Fidaca desaparezca, se ha colapsado, su personal se ha estado enriqueciendo a costillas del pueblo y encima amenaza a la gente, expresó.

Samuel González Ramírez, de 65 años, es uno de los seis desalojados de una parte del lote 34, en el cual ha sido construida una gran barda de cemento y una bodega para almacenar y vender fierro viejo.