Al iniciarse la consulta pública sobre la iniciativa de ley de seguridad nacional, especialistas plantearon a diputados de las comisiones de Gobernación y de Derechos Humanos que la minuta del Senado debe modificarse para quitar el perfil militar a la política de combate a la delincuencia organizada y a la preservación de la seguridad interior.

El investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), Martín Barrón Cruz, señaló que si el uso de las fuerzas armadas por parte del Ejecutivo parte del artículo 89 de la Constitución, que define al Presidente de la República como su comandante supremo, la definición de seguridad nacional no puede ser militar cuando el Ejército y la Marina están bajo la conducción y el mando de una autoridad civil.

También propuso modificar la definición de ley de seguridad nacional por la de seguridad humana, principio que adoptó Naciones Unidas desde la década de los 90, y que se aplica en países como Inglaterra y Francia.

A las preguntas de los diputados, el investigador señaló que de ese concepto se derivan como seguridad humana las garantías a las personas en su economía, alimentación, salud, riesgos a la vulnerabilidad en un grupo social, preservación cultural, seguridad ambiental, así como política.

Esto es, también se busca respetar la situación de los derechos humanos y de la democracia, dentro de un estado de derecho, dijo.

Refirió que constitucionalmente, la tarea de preservar la seguridad interior corresponde a la guardia nacional, que no ha sido reglamentada, y explicó que en la ley orgánica del Ejército y de la Armada de México no se define que su responsabilidad sea la de participar en tareas de seguridad interior.

Mientras, en la ronda vespertina, el abogado penalista Marco Antonio López Valdez planteó que la intervención militar en el combate a la delincuencia organizada ha desvirtuado el concepto de seguridad nacional.

La seguridad nacional es algo más que lo militar y la vigilancia policiaca. Por tal razón debe atender los focos rojos de los indicadores económicos, los índices de pobreza, la impunidad de los mafiosos de cuello blanco, los fondos públicos utilizados como tapadera de negocios ilegítimos e ilegales, en los cacicazgos y la nueva feudalización de la política, en el desastre de la educación pública, y en la desesperanza de millones de jóvenes desempleados, ponderó.

Respecto de la declaratoria de afectación a la seguridad interior, que facultaría al Ejecutivo a desplazar tropas a un estado o región del país, el espe- cialista señaló que la reforma a la ley no puede incluir ese concepto porque no es una de las misiones generales de las fuerzas armadas, y que para dar esa atribución, el Congreso estaría obligado a reformar el artículo primero de la Ley Orgánica del Ejército.

Asimismo, planteó excluir el capítulo que da al Ejército y la Marina atribuciones de inteligencia y, en cambio, aprobar una ley exclusiva de inteligencia nacional, y finalmente expuso que la ley de seguridad nacional debe forzosamente normar las actividades de todas las fuerzas de seguridad del país.