San Salvador, 7 de junio. Los cancilleres de la Organización de Estados Americanos (OEA) culminaronn este martes una asamblea anual en San Salvador con el compromiso de enfrentar en conjunto al crimen organizado, que tiene en jaque a varios países latinoamericanos, en especial de Centroamérica.

En la jornada final de su 41 Asamblea General, la OEA instó a Argentina y Gran Bretaña a sentarse a negociar cuanto antes para encontrar una solución al conflicto de las islas Malvinas.

En lo que respecta a la seguridad, lo que buscamos es coordinar la acción de los países en los asuntos que tienen que ver con el carácter transnacional que tiene el crimen hoy día, dijo el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, el lunes en la noche.

En la organización hay una coincidencia muy clara de que el crimen es el enemigo a vencer, expresó la canciller mexicana, Patricia Espinosa.

En los debates de la OEA ha habido un énfasis importante en que para preservar la democracia y proteger los derechos humanos, el componente de la seguridad es fundamental, agregó.

La urgencia de un plan conjunto quedó de manifiesto con un informe que divulgó la propia OEA el lunes, en el que afirma que América es el continente más violento del mundo, con un asesinato cada cuatro minutos.

América Central, la región más golpeada por el crimen organizado, sostendrá una reunión de donantes el 22 y 23 de junio en Guatemala, para buscar fondos para un nuevo plan regional.

Honduras siguió captando la atención de la OEA, luego de volver al foro la semana pasada, tras casi dos años de suspensión como secuela del golpe de Estado de junio de 2009.

El presidente hondureño, Porfirio Lobo, agradeció personalmente el lunes a los cancilleres americanos la reincorporación al foro, aprobada en Washington.

Con el recuerdo fresco de la crisis de Honduras, los cancilleres discutieron la posibilidad de instaurar un alerta temprana para evitar rupturas del orden democrático, informó este martes la canciller colombiana, María Angela Holguín.

Esta asamblea fue aprovechada por varias entidades no gubernamentales para acusar a Insulza de debilitar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El origen de los señalamientos son unas declaraciones de Insulza en las que dijo que una medida cautelar de la CIDH para que Brasil detuviera la construcción de una enorme represa eran recomendaciones no vinculantes, lo que a juicio de las ONG abre la puerta a la impunidad.

También Venezuela usó la tribuna de la OEA para denunciar un atentado de Estados Unidos en su contra por las sanciones contra la estatal petrolera PDVSA por sus relaciones comerciales con Irán, y recibió el respaldo de Ecuador y Nicaragua.