Guanajuato, Gto. La ley contra el narcomenudeo no ha servido para mejorar la procuración de justicia ni para fortalecer las acciones de prevención y tratamiento de las adicciones. Tampoco, como estaba previsto, para terminar con la impunidad. Casi dos años después de que entró en vigor, sólo el Distrito Federal ha adecuado su marco legal, señaló Gerardo García Silva, director regional del Instituto Mexicano del Juicio Oral.

Por falta de difusión existe la percepción de que con las reformas a la Ley General de Salud y al Código Penal Federal, vigentes a partir de agosto de 2009, se despenalizó la posesión de drogas. En realidad, aclaró, sigue siendo un delito.

La norma estableció los tipos de droga y la cantidad máxima que una persona puede portar para consumo personal e inmediato. Corresponde a los jueces determinar que ello sea así y recomendar los centros de atención adonde el individuo debe acudir para su rehabilitación. Cuenta con tres oportunidades para hacerlo.

Aunque la ley determinó que las entidades federativas deberían realizar, a más tardar en agosto de 2010, las modificaciones a sus legislaciones para incorporar la perspectiva de la posesión de drogas como problema de salud y evitar la criminalización de los pacientes, prácticamente nada ha ocurrido.

Sólo en Nuevo León existen juzgados para tratar las adicciones. Empezaron a funcionar en agosto pasado y a la fecha hay 27 personas en tratamiento, la mayoría por delitos de violencia familiar, robo y lesiones.

Al participar en el Taller sobre adicciones, convocado por la Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic), García Silva resaltó que entre los objetivos de la ley contra el narcomenudeo está corregir las deficiencias en procuración de justicia, que privilegian el enfoque punitivo.

Actualmente hay alrededor de 222 mil presos en las diferentes cárceles del país, de los cuales a más de 40 por ciento no se ha dictado sentencia. Además, indicó, se estima que 80 por ciento están privados de la libertad por delitos patrimoniales y la mitad de éstos son por menos de 2 mil pesos.

Opinó que la reclusión debe ser más selectiva. De entrada, los estados tendrían que realizar ya las adecuaciones a sus marcos legales. Aunque, reconoció, requieren apoyo presupuestal, con el fin de realizar las acciones que implica la modificación, como capacitación de policías, agentes del Ministerio Público y jueces.

Se trata, añadió, de transmitirles que el de las adicciones es un problema de personas que padecen una enfermedad. No siempre son criminales y en cualquier investigación debe prevalecer la presunción de inocencia. También hay que cumplir con el debido proceso.

Abundó que la presunción de inocencia es un derecho humano, por lo que el inculpado no puede ser tratado como delincuente ni obligado a comprobar su inocencia.

En relación con la experiencia de otros países, Lucero García Rivas, directora general adjunta de Conadic, comentó que los modelos de justicia alternativa para personas con adicciones existen en Estados Unidos desde hace 20 años.

Esa experiencia ha mostrado su efectividad para reducir la reincidencia en el consumo de drogas y en la comisión de delitos. En la medición de los beneficios económicos se ha visto que por cada dólar invertido en el modelo alternativo se ahorran 15 a los sistemas de justicia y salud estadunidenses.

En ese país existen más de 2 mil 500 juzgados, también conocidos como cortes de tratamiento de droga, y están divididas con base en el caso (violencia familiar y veteranos de guerra, entre otros).