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Presume que es responsable de enriquecimiento ilícito

Investiga la Judicatura a magistrado
 
Periódico La Jornada
Lunes 6 de junio de 2011, p. 13

El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) investiga a un magistrado federal, hermano de Esiquio Martínez Hernández, secretario del juzgado noveno de distrito en materia administrativa del Distrito Federal, quien fue detenido hace unos días por presunto enriquecimiento ilícito.

De acuerdo con un funcionario del CJF que pidió no mencionar su nombre, la Judicatura indaga la hipótesis de que parte de los más de 50 millones de pesos que se encontraron en cuentas bancarias a nombre del secretario de acuerdos sería del magistrado.

Hasta el momento el CJF no ha requerido la comparecencia del juzgador ante la comisión interna de la Judicatura encargada de esas pesquisas (la encabeza el consejero Daniel Cabeza de Vaca), cuyo nombre no fue mencionado por las autoridades consultadas.

En tanto, una de las líneas de investigación abiertas por la Procuraduría General de la República (PGR) para descubrir el origen del dinero que tiene Esiquio Martínez en cuentas bancarias apunta a que lo obtuvo como especie de dádivas de particulares involucrados en un litigio administrativo relacionado con un casino.

El 10 octubre de 2007, al fungir como secretario con funciones provisionales de juez, Martínez suspendió la clausura de un casino en Monterrey, y 24 horas después recibió un depósito por 500 mil pesos en una cuenta de HSBC.

Durante la última década, sólo en una cuenta bancaria del funcionario judicial, fueron depositados 9 millones 847 mil 412 pesos en efectivo desde sucursales de 13 entidades; de ellas, 12 por ciento provenían de Nuevo León.

Martínez Hernández recibió en el Distrito Federal 260 depósitos por 8 millones 174 mil 428 pesos a una de sus cuentas en HSBC, y desde Nuevo León le hicieron 18 entregas bancarias por un total de un millón 228 mil 170 pesos, según informes de la PGR.

La suspensión es la correspondiente al amparo 1276/2007, promovido por el Casino Paradise en Monterrey, bajo su razón social Operadora Regional Clave, contra una orden de inspección y clausura a su local, ubicado en la colonia Lomas de San Francisco.