La reforma a Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro aprobada ayer en la Cámara de Diputados señala que los delincuentes que cumplan sentencia serán monitoreados al salir de la cárcel durante cinco años, con la finalidad de evitar la reincidencia.

La reforma instaura la prisión preventiva durante el proceso penal a los integrantes de bandas de secuestradores, y se prevén penas de dos a seis años de prisión y de 50 a 150 días de multa, si espontáneamente liberan a la víctima durante los tres días siguientes a la privación de la libertad.

Si a la víctima de secuestro se le hubiera causado alguna lesión, la pena será de nueve a 16 años de prisión, y de 300 a 500 días de multa. A los condenados se les colocarán dispositivos de localización y vigilancia que deberán mantener durante los cinco años siguientes a su liberación.

El texto de la reforma establece que en todos los casos los secuestradores deben ser sometidos a prisión preventiva.

Humberto Benítez Treviño (PRI), expuso que ante la proliferación de este delito, ligado cada vez más a bandas de delincuencia organizada de alta criminalidad, estamos estableciendo los cimientos de un derecho penal del enemigo.

En la sesión ordinaria se exigió a los gobiernos federal y de Chihuahua adoptar definiciones claras y contundentes que abatan la alta incidencia de delitos en la región, y se reclamó por la escasa respuesta a la familia Reyes Salazar, que ha perdido cinco de sus integrantes a manos del crimen organizado.

Al denunciar el clima creciente de inseguridad, la diputada Teresa Guadalupe Reyes (PT) recordó que la violencia criminal en Ciudad Juárez coloca la muerte y desaparición de Josefina Salazar, Rubén Salazar, Madalena Salazar, Elías Salazar y Luisa Ornelas (esposa de Elías) en el mar de impunidad que cubre la región norte del país.

No se ha resuelto el problema de seguridad en esa ciudad; no se ha resuelto el problema de seguridad en el estado y no se ha resuelto el problema de seguridad en el país. Exigimos el alto a la militarización del país; exigimos la construcción de una verdadera estrategia de seguridad, que contenga como elementos fundamentales una política de desarrollo social integral, el respeto irrestricto a los derechos humanos, que se termine con el fuero militar, cuando se use para proteger a asesinos, a violadores y a secuestradores, que se amparan en un uniforme.