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Once huelguistas de hambre en Angol rechazan deponer la medida de fuerza

Suspenden ayuno 23 de 34 mapuches; logran ser juzgados en tribunales civiles y no militares

Según acuerdo con el gobierno, serán retiradas las querellas por la ley antiterrorista de Pinochet

 
Periódico La Jornada
Domingo 3 de octubre de 2010, p. 30

Santiago, 2 de octubre. Al alcanzar un acuerdo para ser juzgados por delitos comunes y no de terrorismo, 23 de los 34 mapuches presos en huelga de hambre desde hace 82 días suspendieron la medida de fuerza este sábado.

Natividad Llanquileo, portavoz de los huelguistas, dijo que la decisión fue tomada en forma responsable, por una cuestión de tiempo y salud.

Los huelguistas protestaban por el hecho de ser procesados bajo una severa ley antiterrorista, que data de la dictadura del general Augusto Pinochet (1973-1990), por actos cometidos en el contexto de su reivindicación de tierras que los sometían a ser procesados por la ley civil y militar.

Los detenidos que terminaron con el ayuno se encuentran en las prisiones de Concepción, Valdivia, Lebu y Temuco, y serán trasladados a centros asistenciales para estabilizarlos.

Once de los huelguistas presos en Angol, procedentes de la comunidad Temucuicui en la región de la Araucanía, a 68 kilómetros de la capital, rechazaron la oferta del gobierno del presidente chileno, el próspero empresario Sebastián Piñera, por considerar que es muy parcial y no cubre sus situaciones procesales.

El Ministerio Público puede seguir invocando la ley antiterrorista contra ellos, indicó su vocero Jorge Huenchullán.

El acuerdo con el Ejecutivo incluye el retiro de las querellas por la ley antiterrorista y la garantía de ser juzgados en tribunales civiles, no castrenses, ya que el juicio militar triplica sus penas.

El Congreso chileno aprobó el jueves modificaciones a la normativa, entre las que destacan la prohibición de aplicar la ley a menores de 18 años y una reducción de las penas por el delito de incendio. Se modificó también la definición del delito de terrorista, por lo que ahora deberá demostrarse la intención de causar terror.

Además garantiza que la defensa de los acusados pueda contrainterrogar a los testigos protegidos, aunque se mantienen los testigos sin rostro, algo crucial ya que los indígenas acusan montajes de parte de las autoridades.

A los presos políticos mapuches se les acusa por el incendio de predio o maquinaria agrícola y el ataque a un fiscal, entre otros.

Los mapuches son unos 700 mil dentro de una población chilena que alcanza los 17 millones, y están confinados en una reducida zona del sur del país con niveles de pobreza que doblan los del resto de la población.