Integrantes del Movimiento Unificado de ex braceros (MUEB) entregaron a la Secretaría de Gobernación una resolución emitida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la que el organismo declara el comienzo de un proceso de “solución amistosa”, al cual accedió el gobierno mexicano para atender sus demandas sin recurrir a una judicialización.
Efraín Arteaga, dirigente del MUEB, explicó que de acuerdo con cálculos hechos por la Universidad Nacional Autónoma de México, se estima en 5 billones de pesos el adeudo con los casi cinco millones de trabajadores que laboraron en Estados Unidos entre 1942 y 1964, pero apuntó que están dispuestos al diálogo en busca una indemnización justa.
Recordó que como parte del acuerdo firmado en ese momento, los patrones en centros de trabajo en Estados Unidos retuvieron 10 por ciento de los salarios y lo entregaron al gobierno mexicano para que éste lo pagara a los obreros, pero no lo hizo. “Es muy vergonzoso que al gobierno mexicano se le hizo fácil quedarse con ese dinero”.
Luego de que el gobierno aceptó recurrir a un proceso catalogado como “amistoso”, subrayó que “la posición de los ex braceros no es que se debe pagar un millón 900 mil pesos en promedio por ex bracero, como calculó la UNAM, ése es el punto de partida para llegar a un buen arreglo”.
Aseguró que ahora procede realizar un censo de las personas a quienes se les adeuda, ya que estimó que hay alrededor de 500 mil con vida de los cinco millones que participaron en el programa.
