Por delitos como narcomenudeo, secuestro, trata de personas, robo a vehículo, encubrimiento por receptación y hasta corrupción, el Gobierno de la Ciudad de México ha solicitado la extinción de dominio en 240 casos, entre bienes muebles e inmuebles, en un periodo de seis años, donde 80 por ciento fueron usados para la venta de droga.