tronador fue el aplauso de los congresistas el 28 de julio de 2004 a Salvatore Mancuso, comandante paramilitar de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), cuando terminó su intervención con un Dios bendiga a Colombia en el recinto del Congreso de la República en Bogotá. El entonces senador Gustavo Petro describiría a ese Congreso como de curules ganadas por el crimen.

Se sentaron en esa mesa con el gobierno de Álvaro Uribe Vélez en 2002, después de poco más de una década de la muerte de Pablo Escobar, una coyuntura que unió a la fuerza pública, los servicios de inteligencia nacionales e internacionales y a los narcotraficantes enemigos en contra de él. De esta alianza de narcotraficantes y de su impunidad, nacería el acuerdo contrainsurgente de fuerzas legales e ilegales para crear las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), reclutando a ex guerrilleros, aliándose con empresarios, militares y ex militares, agencias de inteligencia y políticos. El ojo de este huracán estaba en Antioquia, donde Uribe Vélez era gobernador.

El torbellino de muerte y despojo desde ese momento inauguró uno de los periodos más violentos en la historia del país y en el que se instaló lo que las principales organizaciones de derechos humanos en el país denominó el embrujo autoritario. Entre 2002 y 2010, Colombia se sumió en la honda oscuridad del Estado para una guerra, y una guerra para las élites, aupada por Estados Unidos y diseñada por la política de seguridad democrática de Álvaro Uribe Vélez, ya siendo presidente (2002-10). Habían establecido una alianza política, militar y económica para apuntalar las condiciones de reproducción de desigualdad, exclusión y explotación disfrazadas con un himno, un mapa y una presidencia.

Meses después de su llegada a la presidencia en 2002, Uribe inició una negociación con los grupos paramilitares y el 28 de julio de 2004, tres de sus líderes hablaron frente al Congreso. En ese año, Iván Cepeda Castro, hijo de dos voces comunistas inolvidables, y cuyo padre fue asesinado en un contubernio paramilitar, creaba el Movimiento de Víctimas del Estado y empezaba una lucha larga por la verdad y la justicia. El cese el fuego de esa mesa de negociación, recordó la comisionada Marta Ruiz en una columna en Semana, había sido sangriento: los paramilitares habían asesinado a funcionarios públicos, a un reconocido profesor universitario, masacrado campesinos y degollado niños, cometido 40 masacres y asesinado a 2 mil 500 personas. Pero a su vez, esta mesa estuvo marcada por el quiebre y la traición: las agencias internacionales y nacionales, las complicidades, los silencios y soberbias rompieron la alianza entre sectores de los paramilitares y las élites.

Once años después, el 28 de julio de 2025, una jueza leyó la sentencia de 12 años de prisión domiciliaria y una multa contra Álvaro Uribe por soborno en actuación penal y fraude procesal, cambiando testimonios de testigos sobre su responsabilidad en la conformación del Bloque Metro de las Autodefensas cuando hacía política en Antioquia. Uno de los testigos en su contra fue el comandante paramilitar Salvatore Mancuso.

Con esto no se cierra, sino que se inicia una nueva etapa de verdad en el país, y la historia empieza por el principio, desde la historia de la gobernación de Antioquia a finales de la década de 1990. Desde 2004 hasta el presente, las autodefensas se dividieron y las élites se fracturaron, y el escenario político ha cambiado profundamente. Y como Leonard Cohen cantó: “There is a crack, a crack in everything // That’s how the light gets in”; es por las fisuras por donde entra la luz.

* Doctora en sociología, investigadora del Centro de Pensamiento de la Amazonia Colombiana A la Orilla del Río. Su último libro es Levantados de la selva