a gran Ciudad de México recibirá a congresistas de 12 países de América a celebrar el segundo Congreso Panamericano, del 1º al 3 de agosto próximos (https://panamericancongress.org/ panam_es/). La proclama es que los legisladores progresistas deliberarán sobre las crisis del hemisferio y trazarán un rumbo para salir de ellas. En otras palabras, deberán plantear posicionamientos ante la disfuncionalidad de un puñado de exacerbados ultraderechistas y las distopías antide­re­chos humanos con las que amenazan; como los presidentes Trump, Bukele, Milei y Noboa. Más allá de estos personajes –que se envalentonan en foros como el de Madrid o la Conferencia de Política de Acción Conservadora (CPAC) en EU– la izquierda debe enfocarse, en su propio foro, en el inmenso poder corporativo que es el común denominador de los peores males que azotan a la humanidad, desde el desastre climático hasta el genocidio contra los palestinos de Gaza, por no decir la abismal desigualdad.

En cuanto al Congreso Panamericano, los congresistas tienen una oportunidad, y obligación, de plantear alternativas radicales ante el extremismo de la derecha. El abanico de temas se resume en una ambiciosa agenda que tratará temas como: igualdad, prosperidad, solidaridad y soberanía.

Un tema urgente es cómo América Latina y el Caribe se han de sacudir el yugo del neocolonialismo, bien latente en el insaciable extractivismo, en este caso de las dos potencias del norte del hemisferio, Estados Unidos y Canadá. Como bien explica el ecologista ecuatoriano Alberto Acosta en reciente ensayo: “Ante la ausencia de acuerdos nacionales para manejar estos recursos naturales, sin instituciones democráticas sólidas, sin respetar los derechos humanos y de la naturaleza, aparecen en escena grupos de poder no cooperativos desesperados por obtener una tajada de la renta de la naturaleza. Así vemos marchar de la mano a las trasnacionales y sus aliados criollos, la banca internacional, amplios sectores empresariales y financieros, incluso las fuerzas armadas y la policía, así como algunos segmentos sociales con incidencia política, como la aristocracia obrera vinculada a los extractivismos (https://tinyurl.com/546pc7wa)”.

Ante ello se requiere la audacia de eliminar los derechos y privilegios ya otorgados a empresas trasnacionales por medio de acuerdos internacionales de inversión (ya sea en TLC o TBI). Es una demanda de décadas, pero apenas en la pasada cumbre del desarrollo en Sevilla (y repito de mi artículo anterior a este) las partes se comprometieron a actualizar y reformar los acuerdos de inversión obsoletos, según sea necesario, aprovechando los esfuerzos existentes [...]; resolvemos apoyar los esfuerzos encaminados a reformar los mecanismos de solución de controversias entre inversionistas y estados en el marco de los acuerdos comerciales y de inversión (https://acortar.link/r05wcc).

Lo anterior es particularmente importante. América Latina es la región más demandada del mundo bajo estos mecanismos que empoderan a empresas trasnacionales ante tribunales supranacionales (https://tinyurl.com/3zdbzmws), y esto a pesar de que justamente 19 países latinoamericanos se habían negado hace 51 años a la creación del Ciadi del Banco Mundial (en el famoso No de Tokio, ver Robin Broad https://tinyurl.com/3z6876mk).

El anfitrión del congreso, México, es asediado por más de 20 demandas inversionista-Estado (ISDS, por sus siglas en inglés) por miles de millones dólares. Justamente el subcomité encargado del presupuesto del apoyo exterior de la Cámara de Representantes de EU ha vuelto a lanzar a México amenazas por considerar que sus acciones en favor del ambiente y de comunidades aledañas a Playa del Carmen, constituyen una incautación y ocupación forzosa de Vulcan Materials, lo que “constituye una afrenta a la relación bilateral y una señal para las empresas estadunidenses de que la propiedad privada y la inversión en México no están seguras (https://tinyurl.com/yftcm4he).

Ha sido decepcionante, al mismo tiempo, que gobiernos progresistas de América Latina sean complacientes ante el sistema de libre comercio, y lo vean como única alternativa a las amenazas arancelarias de Trump. Como dice Luciana Ghiotto, del TNI y Attac Argentina: “de repente pareciera que los líderes latinoamericanos defendían el statu quo anterior, el mismo que los llevó a frenar el proyecto del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) hace dos décadas y que generó campañas críticas de los movimientos sociales continentales” (https://tinyurl.com/y64w57n2). Así ha sido, el presidente Boric metió a Chile al Tratado Transpacífico, y el gobierno de Petro, en Colombia, terminó con una revisión inútil de las cláusulas de protección de inversiones del TLC entre Colombia y EU. Claudia Sheinbaum, por su parte, se ha dedicado a defender el statu quo del T-MEC y sus supuestas bondades.

Entre las docenas de parlamentarios que México recibe, doy, como chilango, bienvenida especial a Jesús G. Chuy Gar­cía, Rashida Tlaib, Ilhan Omar y Sum­mer Lee (además de otros del caucus progresista de EU). Forman parte de 35 congre­sistas estadunidenses que, liderados por Elizabeth Warren y Lloyd Dogget, firmaron, junto con Bernie Sanders, una carta en 2023 dirigida al gobierno de Joe Biden para expresar nuestra preocupación por el régimen de solución de controversias entre inversores y estados (ISDS) y su uso por las empresas para atacar a los gobiernos, incluido el de Estados Unidos, por aplicar políticas públicas importantes. Además de EU, los legisladores expresaron a Biden que sus agencias tienen la oportunidad de poner fin a este sistema de explotación corporativa de países en desarrollo, comunidades indígenas, ambiente y trabajadores y consumidores de todo el mundo (https://tinyurl.com/3tpx2vsu).

Los legisladores progresistas del hemisferio americano deben ayudar a contrarrestar las ambiciones corporativas de poseer nuestros recursos naturales y obligar a que los gobiernos regulen en favor del interés público. No se pide menos.

*Institute for Policy Studies, www-ips-dc.org