12 días del diluvio que se abatió en la región española del Levante, especialmente en un centenar de localidades de la comunidad autonómica de Valencia, en España, y de la tragedia provocada por la irresponsabilidad y la insensibilidad de las autoridades locales y nacionales, el saldo del desastre resulta desolador: más de 200 muertos, decenas de miles de damnificados, pérdidas por unos 28 mil millones de euros –valga decir, más de 600 mil millones de pesos–, destrucción de incontables fuentes de empleo y una vasta zona que deberá reconstruirse y a la que hasta ahora los distintos niveles de gobierno no han sido capaces de ofrecer una respuesta para remontar la catástrofe.

No es de extrañar, en esas circunstancias, el desbordamiento de ira que se expresó en las imprecaciones populares dirigidas a los reyes Felipe y Letizia, al jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, y al presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, cuando acudieron a visitar la localidad desastrada de Paiporta, así como en la manifestación masiva del sábado en la Plaza del Ayuntamiento de Valencia y en otras concentraciones de repudio en Barcelona y Madrid.

El reclamo principal se centra en la extrema ineptitud de Mazón –perteneciente al derechista Partido Popular–, quien decidió incomunicarse en las horas críticas en las que se gestaban las inundaciones y quien recientemente había ordenado disolver la Unidad Valenciana de Emergencias, pero también existe una vasta irritación por la inacción del gobierno nacional –particularmente, la ausencia del ejército en las tareas de ayuda y rescate– y en la frivolidad del monarca, quien formalmente ejerce la jefatura del Estado español y sin embargo no hizo más que acudir a Paiporta a fingir interés cuatro días después de ocurridos los hechos.

El enojo es transversal, general, trasciende partidos y clases sociales y marca un antes y un después en el escenario político español. Ante la justificada indignación, la permanencia de Mazón en el cargo resulta insostenible, pero además es indispensable que las autoridades de Madrid y de Valencia elaboren a marchas forzadas un programa serio de auxilio a quienes aún lo requieren, de reconstrucción y de reactivación económica para la región afectada. Más allá de eso, es claro que la institucionalidad de España debe reconfigurarse, pues en su condición actual ha resultado incapaz de cumplir con las tareas más elementales de un Estado: auxiliar a los habitantes afectados por fenómenos naturales y evitar hasta donde sea posible que sus impactos se traduzcan en pérdida de vidas.