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Ni justicia ni reparación del daño

Las viudas de la masacre de El Charco, burla del gobierno desde hace 25 años

Fiscalías no investigan a homicidas, pero persiguen a cinco sobrevivientes

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▲ Las viudas y sobrevivientes de la masacre de El Charco, localidad ubicada en el municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero, demandaron justicia al cumplirse 25 años del asesinato de 11 personas, además de la detención y tortura de 22 pobladores a manos de elementos del Ejército.Foto Sergio Ocampo Arista
Corresponsal
Periódico La Jornada
Jueves 8 de junio de 2023, p. 30

Ayutla de los Libres, Gro., Entre reclamos de justicia y reparación del daño, las viudas de la masacre de El Charco, municipio de Ayutla de los Libres, perpetrada hace 25 años, se dijeron víctimas de impunidad, burla y engaño por parte de los tres niveles de gobierno, pues no hay responsables detenidos ni castigados.

La presidenta del Comité de las Viudas de El Charco, Eustolia Castro Ramírez, denunció que el entonces gobernador Ángel Aguirre Rivero (1996-1999), 15 días después del asesinato de 11 indígenas de comunidades mixtecas cometido por elementos del Ejército el 7 de junio de 1998, dio al alcalde perredista de Ayutla, Odilón Romero Gutiérrez, un cheque por 55 millones de pesos para reparación de daños a mujeres y heridos, pero días después el edil nos dijo que el cheque no tenía fondos.

La mañana de ayer, las viudas y diversas organizaciones sociales, encabezadas por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, marcharon en Ayutla de los Libres y durante el mitin su director, Abel Barrera Hernández, recordó que, en un acto de desagravio, Aguirre Rivero entregó el cheque al entonces alcalde, y a ellas una bandeja de plástico con una despensa, por lo que propuso que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emita su informe de fondo sobre el caso.

Isidoro Vicario, abogado del Centro Tlachinollan, afirmó que a 25 años de la masacre no existe ninguna averiguación previa en contra de los responsables del crimen; en cambio, hay cinco expedientes abiertos en contra de los sobrevivientes.

Eustolia Castro, esposa de José Rivera Morales, de 22 años en 1998, lamentó la falta de justicia para las víctimas de la masacre y de atención para ellas por parte de los tres niveles de gobierno.

Insistió en que nunca recibieron la ayuda que envió el gobierno del estado. A nosotras no nos llegó ni un peso. En ese tiempo se la quedó el ayuntamiento que encabezaba Odilón Romero.

Recordó que acudió a la Secretaría de Gobernación, junto con la organización Década contra la Impunidad, a una reunión con varios funcionarios, “y nos decían: ¿qué más quieren, si ya se les han dado muchos recursos?

“Yo contesté: ‘Señor, con mucho respeto, quizá soy ignorante, pero quiero que usted me enseñe dónde firmé, dónde recibí algún recurso’”, explicó Eustolia a Salvador Cienfuegos, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional en el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Nosotros confiábamos en el presidente Andrés Manuel López Obrador. Él era más cercano a nuestras comunidades, más comprensible, y nos entendía como indígenas, pero todavía no hemos tenido ninguna solución, y lo que sentimos es desamparo. No tenemos acercamiento con nadie. Sólo Tlachinollan nos ha apoyado, remarcó la presidenta del Comité de Viudas. Lo único que pedimos es que se castigue a quienes masacraron a nuestros esposos. Ahora sólo quedamos siete viudas y una madre, porque una ya murió.