La minuta por la que se crea la Ley General para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno, que llegó al Senado en septiembre de 2020, seguirá congelada en esa cámara, pese a los llamados de organismos de derechos humanos, debido a que ponerla en marcha requiere de una fuerte erogación presupuestal.

Desde la oposición se ha insistido en que se apruebe esa nueva legislación, aprobada hace más de dos años en la Cámara de Diputados, que busca atender el grave problema de quienes se han visto obligados a dejar sus comunidades por agresiones del crimen organizado, conflictos religiosos o xenofobia en los últimos 13 años.

No fue incluida entre las 60 minutas prioritarias que los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados, Alejandro Armenta y Santiago Creel, negociaron para que se dictaminen y aprueben antes del 30 de abril en que concluye el periodo ordinario de sesiones.

De acuerdo con legisladores de Morena y de la oposición, la minuta tendría que modificarse, ya que los diputados le dieron carácter retroactivo al establecer que los beneficios de la ley son para todos los que se vieron obligados a abandonar sus comunidades, ya sea de forma individual o colectiva, a partir de enero de 2010 y hasta la fecha.

Desde el año pasado, la Comisión de Gobernación, que preside la senadora de Morena Mónica Fernández, trató de dictaminarla, pero la Secretaría de Hacienda envió un informe sobre un impacto presupuestal que el Estado no podía asumir en esos momentos y la minuta se congeló.

Ante la imposibilidad de aprobar esa ley que prevé la creación institucional de un mecanismo y registro nacionales de personas desplazadas, senadores del PRI han planteado que el gobierno federal ponga en marcha un programa para atender a las más de 350 mil víctimas, la mayor parte de ellas indígenas o campesinos que han tenido que abandonar sus casas y localidades ante ataques de la delincuencia organizada.

La senadora priísta Silvana Beltrones presentó el año pasado un punto de acuerdo en ese sentido, en el que advierte que tan sólo en 2020 se identificaron 9 mil 700 nuevos desplazamientos. En el municipio de Zirándaro, en Guerrero, cerca de 3 mil residentes abandonaron la región por los enfrentamientos entre el cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y La familia michoacana.

Las víctimas de desplazamiento forzado interno están desprotegidas y el problema se agrava.