La operación de casinos en México se encuentra dividida en dos sectores: uno, monopólico, conformado por las empresas Caliente (propiedad de la familia Hank Rhon), la trasnacional española Codere y Televisa con su filial PlayCity, frente a la Asociación de Permisionarios, Operadores y Proveedores de la Industria del Entretenimiento y Juegos de Apuestas (AIEJA), conformada por 36 permisionarios.

Del lado de la AIEJA, sus 36 permisionarios operan 377 centros de apuestas. Si bien el actual gobierno federal no ha autorizado una sola licencia, los dueños de esas salas suman 756 permisos en total (otorgados por los gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto). De ellos, se encuentran abiertos al público 377, y los restantes 379 se encuentran amparados.

También, a la fecha operan casas de apuestas en 29 estados del país, mientras en Oaxaca, Tlaxcala y Coahuila sus legislaciones impiden su apertura.

Los permisionarios demandan al Congreso y al gobierno cambios en la norma fiscal, porque el sector es el más gravado en el país y reclaman que se les aplique un impuesto federal único, cuya bolsa global se reparta entre los gobiernos de los estados donde funcionan los casinos.

Además, entre sus peticiones se encuentra la reforma al reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos con objeto de enfrentar el juego ilegal on line, que no permite tener piso parejo para los operadores que sí son reconocidos por la Secretaría de Gobernación, con objeto de aumentar sustancialmente la recaudación fiscal y promover la mayor seguridad jurídica a las empresas que deseen instalarse en México y con ella la seguridad a los jugadores.

A eso se agrega la exigencia de que la industria del juego cuente con mayor estabilidad en cuanto al ente regulador, que tenga experiencia en la industria. Y para resolver esa deficiencia, se conforme un ente regulador intersecretarial, que se sume a la Secretaría de Gobernación, Turismo, Economía y Hacienda y Crédito Público.