En el mundo, la mitad de las mujeres no tienen el poder de tomar decisiones sobre su propio cuerpo, expuso Gabriela Rivera, oficial nacional de salud sexual y reproducción del Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA).

En un foro sobre la autonomía corporal (que consiste en contar con el poder y la capacidad de actuación necesarios para tomar decisiones sin temor a las violencias y sin que alguien decida por nosotras), Rivera aseguró que a escala internacional más de 200 millones de mujeres no tienen acceso a anticonceptivos, con lo cual se vulnera su capacidad para decidir sobre su cuerpo.

Sostuvo que en el UNFPA impulsamos la autonomía corporal y que el matrimonio infantil y las uniones precoces (que constituyen otro reto en la materia) generan desigualdades de género, limita a las niñas poder desarrollarse.

Agregó que muchas de estas uniones se dan con hombres más de 10 años mayores que ellas y en contra de su voluntad.

También mencionó la violencia basada en el género y que en México, de acuerdo con la más reciente Encuesta Nacional sobre la Dinámica de Relaciones en los Hogares, una de cada cuatro mujeres y una de cada tres adolescentes declararon que alguna vez habían vivido violencia en su vida.

Otro reflejo de la desigualdad y de no tener autonomía corporal es el embarazo adolescente e infantil, que desafortunadamente continúa siendo muy elevado en el país. Se han disminuido las tasas a lo largo de las décadas, pero el rango en que no se ha logrado es en menores de 15 años, que suelen estar ligados a coacción, violencia y a una tremenda desigualdad de poderes.

Advirtió que el embarazo temprano no sólo afecta a las mujeres y a sus hijos, pues al país le cuesta mucho: 0.32 por ciento del PIB. Con esto podría construirse un aeropuerto internacional cada año.

El Estudio MILENA sobre consecuencias socioeconómicas del embarazo en adolescentes del UNFPA arrojó que las mujeres que fueron madres en la adolescencia tienden a tener menores logros escolares y se insertan en el mercado laboral en condiciones más desfavorables. Muchas de ellas no tienen acceso a servicios de seguridad social y generalmente perciben salarios menores que aquellas que fueron madres en la edad adulta.