La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) trasladó a la Ciudad de México a cuatro militares involucrados en la muerte de cinco jóvenes en hechos ocurridos en el municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas, y los internó en la prisión del Campo Militar Número 1.

Fuentes castrenses señalaron que además de este procedimiento por el delito de desobediencia, los cuatro militares y al menos 12 de sus compañeros que podrían estar relacionados con el fallecimiento de los cinco jóvenes son investigados por el Ministerio Público Federal.

Versiones obtenidas de fuentes federales indican que la Fiscalía General de la República (FGR) investigará si lo sucedido entre soldados y jóvenes fue un enfrentamiento y si los muchachos accionaron armas de fuego. Asimismo, existen versiones de que los fallecidos habrían formado parte del cártel del Noreste (una facción de Los Zetas), lo cual también forma parte de la indagatoria de la fiscalía general.

De acuerdo con las fuentes consultadas –que solicitaron el anonimato, ya que oficialmente la Sedena no ha emitido detalle de sus investigaciones ni del traslado por medio de su área de comunicación social–, los cuatro elementos (dos soldados y dos cabos) fueron internados en la prisión militar y puestos a disposición del juez que los sancionará por los delitos castrenses.

Los efectivos habrían infringido el artículo 301 del Código de Justicia Militar, que indica que comete el delito de desobediencia el que no ejecuta o respeta una orden del superior, la modifica de propia autoridad o se extralimita al ejecutarla. Lo anterior se entiende salvo el caso de la necesidad impuesta al inferior para proceder como fuere conveniente, por circunstancias imprevistas que puedan constituir un peligro justificado para la fuerza de que dependa o que tuviese a sus órdenes.

En tanto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aseveró que la investigación deben descartar la comisión de ejecuciones extrajudiciales y considerar los testimonios de los sobrevivientes. En sus redes sociales, lamentó el fallecimiento de cinco personas y destacó que toma nota de las indagatorias iniciadas por la FGR y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Resaltó que las normas internacionales de derechos humanos definen la obligación de los estados “de investigar imparcial y diligentemente si el uso de la fuerza por agentes estatales –que produjo afectaciones a la vida e integridad– fue de acuerdo con los principios de legalidad, razonabilidad y proporcionalidad”.

(Con información de la Redacción)