Madrid. El gobierno de Perú presentó un proyecto de reforma al Código Penal para endurecer las sanciones por la comisión de delitos contra los bienes públicos y privados, así como los que afectan a la vida y la salud, en un esfuerzo por disuadir los enfrentamientos durante las manifestaciones realizadas contra la presidenta Dina Boluarte.

La iniciativa plantea hacer más graves las penas por ilícitos cometidos durante el estado de emergencia y la convulsión social, por ejemplo: propone condenar con entre ocho y 14 años de prisión a quien cause lesiones leves (actualmente es de dos a cinco años), además de condenas de entre cuatro y ocho años privados de su libertad contra ciudadanos que causen daños a bienes públicos o privados (a la fecha, la sanción es de entre uno y seis años), informó la emisora RPP.

Establece que atentar contra medios de transporte ameritaría una pena de ocho a 20 años de cárcel (en lugar de una de tres a seis) mientras la ejecución de disturbios conllevarían no menos de 15 años de prisión (seis a ocho años actuales). La medida es criticada por la oposición, que cree que la propuesta del gobierno de Boluarte es autoritaria, señalamiento que el ministro de Justicia, José Tello, ha rechazado.

El proyecto de modificación se encuentra en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso. Perú ha vivido dos meses de agitación social luego de que Boluarte asumió el cargo en remplazo de Pedro Castillo, quien fue destituido el 7 de diciembre por el Legislativo tras intentar disolver el cuerpo cameral y gobernar por decreto. Las movilizaciones, que piden la renuncia de Boluarte, la disolución del Parlamento y la liberación del líder izquierdista ex presidente, han dejado al menos 60 muertos, según la Defensoría del Pueblo.

Ante la gravedad de la represión, los gobiernos de Estados Unidos, Canadá y Reino Unido emitieron ayer una declaración conjunta de condena a la hostilidad contra los periodistas que reportan la crisis política en Perú, y reivindicaron la información responsable para propiciar un diálogo de nación.

En tanto, los familiares y representantes legales de los 18 civiles que murieron a manos del ejército y la policía durante las protestas del pasado 9 de enero en Juliaca, la principal ciudad de la sureña región altoandina de Puno, denunciaron irregularidades en las investigaciones de los casos.

El abogado Wilmer Quiroz aseguró en conferencia de prensa que parte de las investigaciones se ha dilatado porque inicialmente estuvieron en manos de policías y fiscales especializados en crimen organizado y, posteriormente, los mandaron a una fiscalía común.

Aseguró que durante 40 días, desde que ocurrieron las muertes, sólo ha recabado documentos y la semana pasada se inició con la revisión de videos sobre los incidentes, en los que además falleció un policía. El litigante señaló que la fiscalía local no cuentan con pericias balísticas, sicológicas ni declaraciones de los agentes y soldados que participaron en el operativo. Tampoco se ha citado a ninguna víctima para ofrecer su testimonio, aseguró desde las sede de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.

Los familiares, quienes portaron fotos de sus familiares muertos, exigieron que se inicien investigaciones contra los jefes de la ofensiva, así como la apertura en la ciudad de Puno de una fiscalía especializada en defensoría de garantías civiles.

Bajo este contexto, el ex presidente Alejandro Toledo solicitó a la justicia de Estados Unidos frenar su extradición a Perú debido a la inestabilidad política que sufre el país, hasta que se resuelva su petición de habeas corpus. Toledo está acusado de recibir millonarios sobornos de la constructora brasileña Odebrecht a cambio de favorecerla con licitaciones.