a Ciudad de México se ha caracterizado en las últimas décadas por su progresividad en materia de derechos humanos, logrando plasmar su fundamento principal en la Constitución local promulgada en febrero de 2017. En ella se establecen elementos claves para consolidar condiciones de vida digna para todas las personas que habitan o transitan la capital, teniendo presentes los retos y oportunidades que enfrenta una de las ciudades más grandes del mundo con relación a una de las garantías de mayor complejidad, tal como es la movilidad.

El derecho a ésta se establece en su artículo 12 inciso E, donde menciona que debe ser garantizado en circunstancias accesibles, sostenibles, inclusivas, con uso equitativo del espacio y procurando satisfacer las necesidades sociales y ambientales. Lo anterior, requiere no sólo reconocer las diferentes realidades existentes en la Ciudad de México, sino hacer contrapeso al crecimiento de las desigualdades sociales. Por ende, para garantizar el derecho a la movilidad, tal como lo establece la Constitución, habrá que reflexionar algunas cuestiones: ¿quiénes pueden hacer uso de ella?; ¿en qué lugares hay mayor oferta de transporte público?; ¿son espacios seguros o libres de violencia para todas y todos?; ¿qué tan amigables son con el medio ambiente?; ¿a qué lógicas de movilidad humana y de recursos responde?

Es importante recordar que las desigualdades sociales se han intensificado en años recientes con los procesos de gentrificación a través de la capitalización y apropiación de espacios populares y comunitarios por personas y empresas con mayor poder adquisitivo, principalmente en ambientes urbanos. Esto ha generado el desplazamiento de personas y comunidades de sus lugares de origen, el despojo de tierras y recursos comunales, la ausencia de una distribución justa de tales recursos, así como la marginación y estigmatización social hacia zonas específicas con base en los ideales de progreso y desarrollo construidos desde las lógicas capitalista y colonial.

Por un lado, en la parte centralizada de la capital se puede identificar una mayor disponibilidad de transporte público eficiente a costos accesibles, una concentración significativa de los ámbitos laboral, empresarial, educativo, cultural y de disfrute social. Asimismo, cuenta con mayor seguridad, mejoramiento vial y adaptación de necesidades sociales en zonas de alta concentración de población con poderes adquisitivos superiores al promedio de la sociedad mexicana.

Por otro lado, en las periferias de la Ciudad de México hay menor oferta de trabajos dignos, ausencia de acceso y disponibilidad de recursos y servicios como agua potable, luz, pavimento, escuelas de educación superior, seguridad pública e instituciones de procuración de justicia, entre otros. Aunado al despojo de tierras, incremento de la violencia, ausencia de seguridad pública y marginación social que se vive en estas zonas.

Dichos impactos pueden verse reflejados, por ejemplo, en la lucha por la protección y conservación de los humedales de los pueblos, barrios originarios y colonias de Xochimilco ante la construcción del puente vehicular en Periférico; la edificación de centros urbanos residenciales y comerciales como Mitikah; la ausencia de un presupuesto adecuado para obras y mantenimiento del Sistema de Transporte Colectivo Metro, cuyos efectos han provocado accidentes con víctimas mortales, como el sucedido l 3 de mayo de 2021 en la línea 12, el 10 de marzo de 2020 en la línea 7 y el pasado 7 de enero en la línea 3, o bien, la falta de estrategias integrales de seguridad basadas en los más altos estándares de derechos humanos, con espacios seguros y libres de violencia de género para todas y todos.

De manera que, el derecho a la movilidad debería enmarcarse en la consolidación de una ciudad sustentable, segura, habitable y sostenible en condiciones dignas para quienes transitan y viven en la capital. Esto mediante tarifas justas tanto para las y los usuarios como para las y los conductores, con políticas públicas y presupuestos adecuados para atender las necesidades de los contextos y poblaciones diversas, así como el fortalecimiento del sistema de movilidad integrada en las zonas periféricas de la Ciudad de México con base en perspectivas de género, derechos humanos e interseccionalidad.

Por tanto, se requieren mecanismos y políticas públicas integrales que promuevan el desarrollo comunitario basado en la equidad social, protección cultural de pueblos y barrios originarios, justicia ambiental y seguridad sin militarización. Es así que, no sólo hay que pensar en una distribución vial justa que permita el tránsito y alojamiento de personas diversas en la Ciudad de México, sino en la construcción de una ciudad garante de derechos humanos y servicios que promuevan condiciones dignas de vida desde el buen vivir de los pueblos.

* Coordinadora del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, OP, AC