En un pronunciamiento público ante la campaña de desprestigio contra la iniciativa de ley general en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación, que se discute en comisiones de la Cámara de Diputados, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) afirmó que con esta propuesta no sólo se cumple con lo establecido en la Constitución, donde se consagra a la ciencia como un derecho fundamental, también se armoniza el contenido con la legislación internacional.

Señaló que la propuesta rompe con el paradigma que en los últimos tres sexenios permitió el uso de recursos públicos para financiar, en su mayoría, proyectos privados que simularon investigación y desarrollo tecnológico.

El Conacyt destacó que, ante las “voces que han desatado una campaña de desprestigio (…) difundiendo afirmaciones lejanas a la realidad y que, incluso, faltan a la verdad sobre la reorganización e implicaciones que se proponen”, la iniciativa reconoce a la ciencia como derecho fundamental.

Subrayó que con su propuesta el Conacyt no desaparece, pues es resultado de una interlocución amplia e incluyente en la que no se excluyó a nadie, pues han participado más de 60 mil personas e instituciones para la construcción de consensos.

Recordó que desde 2019 se realizó un proceso de consulta amplio, con personas integrantes del sector, incluyendo grupos de trabajo con representantes de organismos, los 26 centros públicos de investigación, así como el sector universitario y de investigación.

Agregó que también se promueve que el financiamiento para el sector se incremente de manera progresiva sin que sean posibles las regresiones; contempla mecanismos de aportación y colaboración por parte de la iniciativa privada, sin que ello implique un cheque en blanco ni falta de reglas para la rendición de cuentas.