En el quinto aniversario de la publicación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación aseveró que “es fundamental llevar a cabo, desde todas las instituciones, un balance de los avances y retos que permanecen para hacerla efectiva.

Todos debemos asumir la obligación del Estado mexicano en la búsqueda e investigación para garantizar los derechos a la verdad y la justicia, destacó.

Hay avances, pero distan de ser efectivos: ONU-DH

La Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) advirtió que aunque hay avances importantes, distan de ser plenamente efectivos. Llama la atención, subrayó, que aún no se emitan algunas herramientas que la ley prevé, como el banco de datos forenses y los registros de personas fallecidas no identificadas y el de fosas, ni el programa de exhumaciones.

En un comunicado, la dependencia federal expuso que desde el gobierno de México se han reconocido las crisis de desaparición y forense, y se ha trabajado de la mano de las familias de personas víctimas de ese delito y con autoridades federales y estatales, además de cooperar con organismos internacionales en la construcción de una respuesta de Estado.

Expuso que durante la actual administración, desde esa dependencia y la Comisión Nacional de Búsqueda se ha consolidado un Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, se construyeron los protocolos homologados de búsqueda y el de búsqueda de niñas, niños y adolescentes. Asimismo, indicó, se instaló la mayoría de las comisiones locales de rastreo, las cuales han sido fortalecidas.

Destaca también la creación del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense; los centros regionales de identificación humana en Coahuila, San Luis Potosí, Tamaulipas y Jalisco, y el Centro Nacional de Identificación Humana.

A través de redes sociales, la oficina en México de ONU-DH señaló que la ley general en la materia es un instrumento crucial para la erradicación del flagelo de la desaparición de personas, e instó a las autoridades a garantizar su aplicación efectiva.