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Boric reconoce deuda del Estado con indígenas

Anuncia el presidente chileno comisión para tierras que reclaman mapuches
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▲ Integrantes de la etnia en rebelión celebran la culminación de su año, We Tripantu, en Carimallin, en el sur de Chile.Foto Ap
Especial para La Jornada
Periódico La Jornada
Sábado 12 de noviembre de 2022, p. 23

Santiago. Al tiempo que las organizaciones insurgentes mapuche continuaron su campaña de sabotaje –principalmente contra la industria forestal–, en rechazo a la presencia del presidente chileno Gabriel Boric en la región de la Araucanía (o Wallmapu, país ancestral de aquella etnia), el mandatario lanzó su mayor apuesta para intentar aplacar el violento conflicto, al anunciar la creación de una Comisión por la Paz y el Entendimiento, cuya tarea única será proponer cómo y cuáles tierras deberían ser devueltas a los indígenas.

Los mapuche exigen la restitución del territorio que les fue usurpado a mediados del siglo XIX, cuando la naciente nación chilena lanzó una campaña militar eufemísticamente denominada pacificación de la Araucanía que se prolongó por dos décadas y consistió en el despojo, la colonización y anexión de cerca de 10 millones de hectáreas entre los ríos Biobío por el norte y Toltén por el sur.

Buena parte fue entregada a colonos blancos –muchos europeos– que desarrollaron haciendas agrícolas y, avanzado el siglo XX, dos conglomerados forestales recibieron del Estado la mitad; plantaron bosques de pino y eucaliptos que explotan intensivamente.

Los mapuche que allá quedaron –unos 200 mil– viven en centenares de pequeñas comunidades y se estima que colectivamente poseen cerca de 500 mil hectáreas, devueltas por el Estado a fines del siglo pasado.

Hoy, la Araucanía es la región más pobre de Chile, con 17.4 por ciento de la población, sobre el promedio nacional, de 10.8 por ciento.

Desde la ciudad de Villarrica, 600 kilómetros al sur de Santiago y casi al culminar una súper resguardada visita de dos días a la zona, Boric dijo que la tarea del grupo, a cuyos integrantes no quiso identificar, será proponer al país plazos y mecanismos concretos de restitución de tierras para esas comunidades.

“Invito a todos los actores de la región a que formemos una Comisión por la Paz y el Entendimiento. Ojo, no es una comisión para hacer un diagnóstico, pues ya se han hecho suficientes (…), es para que tomemos las recomendaciones de organismos nacionales e internacionales para buscar una solución al conflicto y de una vez por todas las hagamos realidad”, afirmó, flanqueado por la ministra del Interior, Carolina Tohá, y de la Secretaría General de la Presidencia, Ana Lya Uriarte, quien será la responsable de encabezar el organismo.

Será una comisión con agenda abierta en la que todos podrán plantear sus puntos de vista, pero con el mandato específico de determinar claramente la demanda de tierras de las comunidades mapuche y proponer al país mecanismos concretos con plazos concretos para saldar la deuda que el Estado de Chile tiene con ese pueblo en un plazo que acordemos con las partes, pero que más que seguro excederá este gobierno, detalló.

Ayuda internacional

Además de expertos locales, su gobierno convocará ayuda internacional para que nos acompañen en este proceso, algo que adelantó hace meses, cuando dijo haber conversado con el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, para solicitarle acompañamiento, gestiones de las cuales nunca se supo un resultado.

También señaló: No será posible restituir todas las tierras. Hay muchas ciudades del sur de Chile que fueron construidas sobre tierra que en antaño fueron mapuche y deben ser preservadas, así como muchas personas no mapuche que hace generaciones se establecieron, echaron raíces y sus derechos deben ser resguardados, pero no vamos a renunciar a buscar un entendimiento.

El presidente también anunció un multimillonario plan de inversión en infraestructura pública, seguridad y planes de reparación para las víctimas de la violencia rural.

Desde que, con mucho secretismo, se anunció su visita a la zona, las organizaciones rebeldes lanzaron una oleada de unos 20 ataques incendiarios a faenas forestales y agrícolas, destruyendo maquinaria, camiones, galpones, y también a lo menos un templo religioso y una escuela, al igual que cabañas turísticas.

Boric calificó a sus perpetradores como delincuentes que cometían actos terroristas.