os daños a la salud colectiva causados por la contaminación ambiental, característica intrínseca de la industria minera, han sido desmedidos. Pero, además, el perjuicio social y económico entre los obreros, debido al sometimiento a contratos colectivos de trabajo (CCT) amañados, regateados e incumplidos (en muchas ocasiones), han sido la historia de la impunidad. Una realidad difícil de soslayar.
La interminable lista de protestas en contra de las injusticias, supuestamente propias e inevitables del oficio minero ha pasado a ser algo natural en la vida de un trabajador. Esta es la historia de la explotación institucionalizada de los gobiernos anteriores.
Pese a todo el historial de abusos patronales, el gremio ha puesto el ejemplo de fuerza, integridad y solidaridad interna, sindicalizado o no. Es un trabajo peligroso, pero todavía no se cuenta con las suficientes fuentes de trabajo, por lo cual en el sector no hay otra opción que aceptar el trabajo de minero, pues la subsistencia es prioritaria.
A la población en busca de recursos para sobrevivir se le ha marginado de la posibilidad de desarrollar otras opciones, por tanto, tiene que aceptar las condiciones adversas que le han marginado del desarrollo democrático sindical, del progreso de la educación personal y también el de su familia. Por muy inicuo que sea el sueldo, es preferible aceptar las pésimas condiciones a no contar con un sustento económico.
Poco se ha tomado en consideración que, también la patronal ha propiciado la poca oportunidad para el desarrollo de su personal. Las deficiencias en la educación sindical, son también reflejo de la violación al artículo 123 de la Constitución y a otros más.
De tal forma, que las concesiones, como dice la propuesta del senador Napoleón Gómez Urrutia: “reducir la vigencia de concesiones mineras, de 50 a sólo 15 años, resultaría positiva si las empresas detuvieran la contaminación y la violación de los derechos…”
La reducción de tiempo concesionado no garantiza el éxito de la propuesta en la disminución de ilícitos. Tal vez resulte lo contrario. Esperemos que no sea así. La voracidad de las empresas, nacionales y extranjeras, podría acelerar la extracción y presionar aún más al personal operativo, sin que ello implique mejores condiciones de higiene en el trabajo y, además, sin un aumento significativo en su sueldo y prestaciones.
Todas las demandas y exigencias que han terminado en comunicados, mítines, marchas y, finalmente, huelgas, son precisamente nutridas por las evidencias de contaminación ambiental y violación a los derechos laborales.
La pregunta es, si las violaciones y la depredación ambiental han sido una constante como política empresarial ¿por qué se les condiciona a que, si no cumplen con las demandas laborales, se les cancelará la concesión, si lo que han hecho siempre es incumplir?
Disminuir los años, de 50 a 15, según la propuesta del senador Gómez Urrutia, no es garantía de que se cumpla con las demandas legítimas de los trabajadores, tampoco es una oportunidad para que las empresas hagan conciencia y respeten el artículo 123 constitucional, más todos los artículos de la Ley del Trabajo y los que vengan.
En todos los años de enfrentamientos con los sindicatos las modificaciones no han mejorado en lo sustancial y las protestas continúan. Con la reducción de años concesionados las pérdidas para la industria minera nacional no van a disminuir. Tampoco es creíble que en menos años de extracción minera, las empresas vayan a cumplir con lo que nunca han observado.
Comparando el tiempo de concesión entre 50 y 15 años, la disminución de siete quinquenios parecería justa. Sin embargo, no podemos soslayar que en esta reducción de tiempo se reproducirán, de igual forma, los riesgos para los obreros; continuarán expuestos al deterioro físico y a enfermedades propias
del oficio.
Y, por otro lado, la extracción a lo largo de esos 15 años continuará beneficiando a las empresas más que a la hacienda pública del país.
Otorgar el beneficio de la duda, es también una forma de negociar, sobre todo, cuando se trata de un gremio plagado de conflictos. Por esa razón, la solicitud en cuanto a combatir la contaminación debe obligar a las empresas a que presenten un plan creíble, avanzado y aplicable, que disminuya su impacto ambiental. Y, por supuesto, otra propuesta para la rehabilitación de las áreas dañadas.
Al respecto, propone (Gómez Urrutia) que, de entrada, las concesiones se otorguen por tres años para la exploración y por 15 años para la explotación, y no hasta por 100 años, ya que la vida productiva de una mina en extracción es de 10 a 30 años. Aunado a ello, se prohíbe la transmisibilidad y entrega por herencia de las tierras, que la actual ley permite.
Andrea Becerril, La Jornada, 3/11/22.
Twitter: @AntonioGershens
