México presentó un segundo juicio contra el comercio ilegal de armas ante cortes de Estados Unidos; ahora demanda a cinco empresas con sedes en Arizona, donde se han vendido pistolas, fusiles y municiones utilizadas por organizaciones criminales que operan en nuestro país, informó el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard.

Las empresas demandadas son Diamondback Shooting Sports, Inc; SNG Tactical, LLC; Loan Prairie, LLC, conocida como The Hub Target Sports; Ammo A-Z, LLC, y Sprague’s Sports, Inc, las cuales poseen tiendas de ventas de armas en Tucson, Phoenix y Yuma.

En un video, el funcionario informó que se trata de las compañías que en los últimos años son responsables de la venta de armas que aparecen aquí en delitos muy graves, en homicidios, en feminicidios, en cosas muy delicadas en México.

La cancillería acusa que estas firmas, de manera sistemática y rutinaria, participan en el tráfico ilícito de armas, incluidas las de uso militar, a organizaciones criminales de México, mediante prestanombres, una estrategia conocida por el término en inglés de straw purchasers.

Los abogados que encabezan la estrategia legal del gobierno mexicano son Steve Shadowen, de Shadowen PLLC, en Austin, Texas; y Jonathan Lowy, de Global Action on Gun Violence, de Washington, detalló la SRE, que afirmó que se trata de juristas de reconocido prestigio en el campo de control de armas y daño transfronterizo.

Si Estados Unidos nos está pidiendo que los apoyemos, que está bien; que trabajemos juntos contra el fentanilo, los precursores químicos, los cárteles de la droga, nosotros también queremos que nos ayuden reduciendo este flujo de armas que nos hace mucho daño, señaló Ebrard en su video, quien añadió que México no se dará por vencido en su lucha legal contra los traficantes de armas que operan desde el vecino país del norte.

La cancillería aclaró que la estrategia legal de México no cuestiona el derecho que los ciudadanos estadunidenses tienen en su constitución para portar armas dentro de su territorio, ni tampoco la legalidad de la venta de productos bélicos con apego a las normas.

El litigio forma parte de una estrategia multifacética del gobierno de México para detener la avalancha de armas, particularmente de asalto, procedentes de Estados Unidos, que empoderan a grupos delictivos, provocan el derramamiento de sangre en México y contribuyen el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, enfatizó la SRE.