Para dar inicio a los preparativos rumbo a los comicios de 2023 y 2024, el Instituto Nacional Electoral (INE) solicita mil 804 millones de pesos. De ese monto, alrededor de 916.8 millones son para organizar los del estado de México y de Coahuila, el año entrante, y poco más de 780.8 millones para el arranque del megaproceso de 2024.

Los mil 804 millones en referencia representan 12.5 por ciento del presupuesto total solicitado por el INE (14 mil millones de pesos), a lo que habrá de añadirse el financiamiento a partidos nacionales (6 mil 300 millones) y otra partida, pedida por separado, de 4 mil 25 millones, para llevar a cabo una eventual consulta ciudadana.

A su vez, para 2023 no hay variación en el gasto destinado a sueldos de consejeros y directivos del organismo, quienes ganan más que el Presidente de la República –y no piensan reducir sus salarios–, con el argumento de que son personal especializado de un organismo autónomo.

El consejero presidente del INE tiene una remuneración mensual bruta de 262 mil 634, más prestaciones, de acuerdo con información pública del instituto.

Precisamente con el propósito de que sus remuneraciones no sean afectadas, los directivos del INE han acudido incluso a la vía del amparo, así como a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para garantizar la independencia y autonomía de este tipo de organismos, pero sobre todo para no tomar como parámetro el actual salario del jefe del Ejecutivo, sino el anterior.

Con base en esto se hizo el proyecto del presupuesto para 2023, con énfasis en las características de los consejeros y demás directivos, quienes consideran al propio organismo como de alto grado de especialización.

Así, los principales rubros de la petición presupuestal del INE son para hacer frente al costo de su nómina y, de cara a 2023, para concluir los trabajos de distritación y credencialización de los ciudadanos.

Algunos consejeros han declarado que si se afecta el financiamiento del INE se perjudicará la preparación de la elección presidencial de 2024.