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Miles de funcionarios en España marchan para exigir alza al salario

Acusan a grandes sindicatos de ser cómplices del gobierno

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▲ Las calles de Madrid se vieron copadas de trabajadores del gobierno. Los organizadores aseguraron que se dieron cita 70 mil personas, mientras las autoridades locales cifraron la concentración en 17 mil ciudadanos.Foto Ap
Corresponsal
Periódico La Jornada
Domingo 25 de septiembre de 2022, p. 19

Madrid. Decenas de miles de trabajadores del sector público se manifestaron ayer en Madrid para exigir un alza salarial inmediata y urgente ante la espiral inflacionaria de los recientes meses y la pérdida de poder adquisitivo acumulada en años.

En la protesta, a la que no acudieron los sindicatos mayoritarios en el país, Unión General de Trabajadores (UGT) y Comisiones Obreras (CCOO), también sirvió para señalar a estas organizaciones sindicales como cómplices de la mentira y la traición del actual Ejecutivo español, presidido por el socialista Pedro Sánchez, y fruto de la coalición entre el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Unidas Podemos (UP).

Se trata de la primera gran manifestación de los funcionarios de la actual legislatura, que decidieron expresar en la calle su malestar por la parálisis del gobierno ante su pérdida de poder adquisitivo, agravada por las consecuencias de la guerra en Ucrania, como el elevado precio de los hidrocarburos y la electricidad que han disparado los precios de la canasta básica y los costos de la vida en general.

Según estimaciones de las agrupaciones convocantes, acudieron a la protesta más de 70 mil personas, mientras la delegación del gobierno en Madrid rebajó la cifra a 17 mil.

En cualquier caso, la manifestación fue un éxito para las plataformas sindicales del sector público, sobre todo si se toma en cuenta que los dos gremios con más representados en la burocracia española, UGT y CCOO, decidieron no respaldar las movilizaciones y alinearse con la tesis del gobierno de que la inflación es pasajera.

En lo que va de año, el costo de la vida en España ha subido más de 10 por ciento, así lo avalan los informes de los institutos oficiales, los cuales confirmaron los peores augurios de principios de año.

En lo que va de 2022, se estima que hay una inflación acumulada de más de 10.5 por ciento, a la espera del cuarto trimestre más delicado en cuanto a los precios, otoño e invierno, cuando se consume más hidrocarburos y electricidad. La canasta básica ha subido en promedio 15 por ciento, pero productos como la leche, los huevos o el pollo, el incremento alcanza 20 por ciento.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios decidió convocar a sus afiliados a salir a las calles después de que fracasaran sus intentos de sumar a los grandes sindicatos a una movilización masiva.

Sus exigencias son una alza salarial justa, así como políticas contra el empobrecimiento social y el deterioro de los servicios públicos.

En un intento de última hora de neutralizar el malestar de la burocracia, el Ministerio de Hacienda se reunió con sindicatos esta semana para explicarles que su intención es aprobar un incremento a la nómina mediante presupuestos generales del Estado de 2023, pero las plataformas sindicales declaran haber perdido la confianza en el actual gobierno: Los empleados públicos llevamos colaborando 12 años en el pacto de rentas. La primera y única vez que nos bajaron el sueldo fue durante la gestión socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. Nos quitó entre 5 y 10 por ciento, y desde entonces llevamos una pérdida de 20 por ciento.

Se advirtió que la manifestación está abierta al conjunto de la ciudadanía y constituye un grito de protesta social contra el empobrecimiento social, por un alza salarial justa, una jubilación digna y una mejora en la calidad de los servicios públicos, al tiempo que advirtieron que trabajarán por mejores sueldos de forma plurianual, que permita avanzar en la recuperación del poder de compra de los empleados públicos, misma que se ha visto mermada desde 2010.

A debate, el impuesto a las grandes fortunas

La movilización coincidió con el debate abierto en el gobierno para aprobar en enero el impuesto a las grandes fortunas, que en principio sería temporal y en función de cómo evolucionen la crisis económica y el comportamiento de los precios de los hidrocarburos y de la electricidad. Todavía se desconocen los detalles sobre qué sector de la población tendría que pagar ese tributo extraordinario, aunque se asegura que sólo afectará a 1 por ciento de la población.