odo empezó cuando Andrés Manuel López Obrador, a pregunta de un reportero sobre incumplimientos en los seguros de gastos médicos mayores, remitió el asunto a la Profeco –en vez de a la Ssa-SHCP– confinándolo a la órbita del consumidor, sin reparar en que el problema reposa en la modalidad misma de un contrato suigéneris.

Luego, Ricardo Sheffield, titular de la Profeco –amparándose en la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) y en la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF)–, consolidó la confusión, al decir que mientras la Condusef defiende a los compradores de seguros y la CNSF supervisa a las aseguradoras, él, como Profeco, ve los hospitales (mañanera, 29/9/21). Este revoltijo diluye la responsabilidad gubernamental frente al asunto público y deja indefensos a quienes adquieren un seguro esperando algo que no se cumple.

Para Sheffield, hay aumento en las quejas por la negativa de pago por parte de las aseguradoras: negativa en el pago de indemnización o inconformidad en el tiempo que tardaron para pagar la indemnización. Esa es la primera parte del problema. Pero lo relativizó de inmediato sosteniendo que, dado el número de asegurados, no es muy alto el de quejas. ¿Cuántas? Cien mensuales en promedio. ¡Con una bastaba, señor procurador! ¿Y contra quién? Metlife de México, seguido de Quálitas y de Grupo Nacional Provincial.

Pero Sheffield también platicó con las aseguradoras. Ellas le reportaron que, con una inflación de 2.83 por ciento en 2020 y 5.59 por ciento en 2021, los aumentos en hospitales privados han sido de 15-20 por ciento. Entonces, aseguró, queda claro que más que las aseguradoras los que se están pasando de roscas son los hospitales. ¿Contra ellos, señor procurador, eximiendo a las aseguradoras?

Los hospitales incurren, indicó, en cobros diferenciados. Para que no les rinda el seguro, les cobran más caro a los que están asegurados y el deducible se lo embolsan como un excedente; prescriben estudios innecesarios; diagnostican padecimientos diferentes a los reportados por los asegurados; abusan en el cobro de medicamentos e instrumental; exigen depósitos por encima del deducible y sin informar cómo los recuperará, además de violar precios, no exhibirlos o no respetar los que muestran y efectuar cobros indebidos, injustificados o excesivos. Los hospitales más denunciados son: Star Médica, Ángeles, Médica Sur, Centro Hospitalario Universidad, Centro Médico del Noreste. Ésa es la segunda parte del problema.

Ante este pobre, sesgado y autorreferencial informe de Profeco los hospitales guardaron silencio, mientras la aseguradora Quálitas aclaró que ella sólo emite pólizas en el ramo automotriz.

Por su parte, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguro (AMIS) –presidida, en franco conflicto de interés, por Norma Alicia Rosas, quién antes encabezaba a su regulador: la CNSF– observó que no tiene acuerdo de precios con los hospitales privados porque el costo de las coberturas de gastos médicos está correlacionada con la frecuencia con que ocurren los riesgos cubiertos. Se respeta la libre competencia. Aunque, aclaró, cada aseguradora puede establecer algún tipo de convenio para ofrecer descuentos, pero son independientes de AMIS. El costo de las pólizas siempre tendrá una relación con la frecuencia de los riesgos cubiertos por esa elevada póliza.

Cabe entonces preguntar: si AMIS respeta la libre competencia ¿por qué sus primas y los precios hospitalarios nunca bajan? El problema está en un contrato que premia el daño y no la prevención de la salud, algo más allá del entendimiento de Sheffield y que el propio AMLO no contempló al remitir el asunto a la Profeco y no a la Ssa y la SHCP.

Y el regulador CNSF –que preside Ricardo Ochoa– ¿qué hace? Sólo declara que la pandemia generó aumento en costos hospitalarios (desinfección, pruebas y equipamiento) y que la nueva normalidad incrementará aún más los precios de seguros y mayores requisitos de renovación. Los usuarios de seguros vamos a cambiar nuestro comportamiento y tendrá efecto sobre primas y siniestros. Es decir: ¡no hace nada!

En este cuadro no sorprende que Irene Dávila (El Economista, 20/10/21) amenace con que las aseguradoras no pueden negar la contratación en función de la edad, discapacidad o incluso condición de salud de un beneficiario, porque sería contrario a los derechos humanos, pero sí pueden cambiar la prima que cobran hechos los estudios actuariales. Las aseguradoras también han tenido que afrontar el covid-19 y sería muy delicado que presenten solicitudes de liquidación judicial porque le quitan peso al Estado en su obligación constitucional al derecho a la salud.

Con la prioridad de primero los pobres, acosado por aseguradoras y hospitales y frente a una Profeco miope ¿quién vela en la 4T por los que adquieren seguros con contratos suigéneris que no le cumplen? ¿Ese asegurado es un consumidor?

* UAM-Xochimilco