San Cristóbal De Las Casas, Chis., Organizaciones de la sociedad civil y sobrevivientes de desplazamiento en Chiapas informaron a la relatora especial de la Organización de Naciones Unidades (ONU) sobre los desplazados internos, Cecilia Jiménez-Damary, el contexto crítico del fenómeno.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), indicó que también señalaron la inoperancia de los gobiernos estatal y federal, a los cuales exigimos que reconozcan la crisis de desplazamiento que existe en el estado y cesen la impunidad.

El organismo precisó que entre 2010 y 2022 han sufrido desplazamiento forzado en la entidad 10 mil 476 personas, provocado por un Estado omiso, la agudización de los patrones de violencia, la ruptura del tejido social y comunitario y la vulnerabilidad en la que se encuentran las comunidades indígenas.

Agregó que la presencia reciente del crimen organizado ha aumentado el control territorial y la violencia en comunidades, lo que causa que cientos de personas huyan de sus hogares.

El Frayba refirió que en 2012 se promulgó en Chiapas la Ley de Prevención del Desplazamiento Forzado y Sobre los Derechos de la Población Desplazada, la cual ha tenido serios obstáculos para ser aplicada adecuadamente.

Señaló que no existe un fondo específico para su atención, además de carecer de un complemento de tipo penal que castigue a quien comete este crimen de lesa humanidad y mandata la conformación de un Consejo Estatal de Atención Integral al Desplazamiento Forzado Interno inactivo.

Sostuvo que no existe un reglamento que desarrolle los mecanismos ordenados por la ley, así como un procedimiento claro para el reconocimiento del estatus de víctima del fenómeno.

Las acciones y discursos oficiales niegan la existencia de un patrón grave de desplazamiento forzado en Chiapas y tratan el fenómeno como asuntos aislados, aparte de que el Estado mexicano no efectúa acciones para erradicar sus causas.

A su vez, la Secretaría de Gobierno informó que dio la bienvenida a Jiménez-Damary, quien arribó para reunirse con autoridades estatales para evaluar la situación de los desplazados internos.