Por invitación del gobierno federal, la relatora especial de Naciones Unidas (ONU) sobre los derechos humanos de los desplazados internos, Cecilia Jimenez-Damary, comenzó una visita a México en la que atestiguará la situación del desplazamiento forzado interno en el país.

Sus actividades concluirán el 9 de septiembre con un informe y recomendaciones para el Estado mexicano en esta materia, expuso ayer la Secretaría de Gobernación.

Al dar cuenta del inicio de la visita en un comunicado, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, detalló que es la primera vez que México recibe esta relatoría a partir de un reconocimiento oficial.

El abandono institucional a todas estas víctimas en el pasado, especialmente a las de desplazamiento forzado interno, trajo como resultado la falta de atención, e impidió y postergó la construcción de un andamiaje institucional mínimo de atención, respuesta y prevención, y propició la inexistencia de un marco normativo adecuado y robusto que brindara una respuesta efectiva a las necesidades de estas personas, agregó el funcionario.

Aunque se han documentado casos de desplazamiento forzado desde los años 70, fue hasta 2019 cuando se reconoció la existencia y gravedad del fenómeno de manera oficial, añadió.

Encinas sostuvo que estamos abiertos al escrutinio internacional, no sólo como un ejercicio de rendición de cuentas, sino porque sabemos que el trabajo colaborativo con organismos internacionales nos fortalece como gobierno.

De igual forma, el director general de Derechos Humanos y Democracia de la cancillería mexicana, Cristopher Ballinas Valdés, afirmó que el gobierno federal se ha reiterado que está abierto a un diálogo constructivo y de cooperación con los órganos y mecanismos internacionales de derechos humanos.

Además, la dependencia expuso que el gobierno mexicano asumió el compromiso de avanzar en la atención y reconocimiento del desplazamiento forzado interno como un fenómeno multicausal, y el cual requiere de un enfoque integral basado en el respeto de los derechos humanos, encaminado a la prevención, atención, reparación y búsqueda de soluciones duraderas.